Castigando la pobreza

El proceso de desindustrialización supuso un aumento exponencial del desempleo, generando graves efectos perversos. Entre ellos, además de la precarización del trabajo, estuvo la creación de los subsidios condicionados.

Como dicen las magistradas Belén Tomás y Amaya Olivas (de los juzgados de lo social 42 y 1 de Madrid, respectivamente), se pasó así de un sistema de Seguridad Social donde las prestaciones eran concebidas como derechos, a un sistema donde se estigmatiza y denigra a los perceptores, que se consideran pobres, egoístas o inútiles.

De este modo, quienes perciben prestaciones mínimas han ido considerándose progresivamente como parásitos sociales. Los medios de comunicación contribuyeron a ello (y siguen), porque siempre han destacado los escasos fraudes, mientras que nunca dieron cuenta de los numerosos errores por parte de los funcionarios que las tramitaban (errores que cada vez son más extendidos, por cierto).

El resultado de este proceso es que ha instalado una la mentalidad perversa muy especialmente en nuestros políticos y gobernantes varios, pero también en la sociedad (incluyendo a no pocos/as que se autodenominan progresistas) la idea de que la pobreza es culpa exclusiva de quienes la padecen, por lo que no son merecedores de prestaciones sociales sino de la caridad y la beneficencia.

Se supone que el Ingreso Mínimo Vital que se aprobó durante la pandemia por parte del gobierno, iba a ser la prestación que configurase el derecho subjetivo a la subsistencia, como renta mínima no contributiva dentro de la Seguridad Social.

Pero los problemas reales de implantación y gestión del IMV, lo han convertido no solo en un fiasco sino en un suplicio:

Un fiasco porque -por ejemplo- y según la evaluación de la AIReF, no llega ni a la mitad de los hogares previstos; porque su mala gestión ha generado pagos indebidos sin justificación; y porque el complemento de infancia sólo llega a 274 mil familias del millón y medio que debería recibirlo.

Y un suplicio porque, además de la excesiva burocratización, la brecha digital y la falta de coordinación entre administraciones, los pagos indebidos sólo aumentan el sufrimiento de muchísimas familias que a su situación de pobreza deben sumar la deuda que les supone la reclamación, por parte de la Seguridad Social, de pagos supuestamente indebidos.

Digo supuestamente porque gran parte de esos pagos indebidos no son justificados por la administración y están generando una gran litigiosidad en los juzgados. Doy un dato ilustrativo: en los juzgados de las dos magistradas antes citadas, las sentencias estimatorias contra la Seguridad Social y a favor de los demandantes, por denegación del IMV o por cobros indebidos, es del 74%.

Imaginen por un momento, que sus ingresos en el hogar no superan los 400 euros mensuales, que solicitan el IMV y se lo deniegan (o se lo conceden pero luego le reclaman que lo devuelva), y que tiene para conseguir esa prestación económica (que apenas llega a la mitad del salario mínimo) litigando en un juzgado para conseguir que una magistrada dicte sentencia a su favor.

Si eso no es castigar a los pobres repetidamente, díganme ustedes qué es. Porque una prestación para garantizar el derecho a la subsistencia, desde luego no es.

Sin lucha no hay derechos

Ayer fue el Dia internacional de las personas con discapacidad. Promover sus derechos y su bienestar en todos los ámbitos de la sociedad y que el resto de la sociedad tome conciencia de las situaciones que viven en todos los aspectos de la vida es el objetivo que tiene este día, desde que Naciones Unidas lo estableció en 1992.

Han pasado más de 30 años desde entonces pero los 1.300 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo, siguen sufriendo una discriminación sistémica y enfrentan barreras que dificultan su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

Si a la discapacidad se suma el hecho de ser mujer, entonces las discriminaciones y barreras se agrandan y la violencia se multiplica. Si, además, viven en situación de pobreza o en zonas de conflicto, la situación es todavía peor.

Si en España miramos atrás en el tiempo, podemos apreciar avances importantes en materia de protección a las personas en situación de discapacidad. Pero, si miramos la situación presente, queda mucho más por lograr si aspiramos a la igualdad.

Antes de ayer fue el Día internacional de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, Naciones Unidas tuvo que establecer este día en 1985 porque, contra lo que mucha gente cree, la esclavitud no solo no se ha eliminado sino que aumenta y se ejerce de múltiples formas: mediante contrataciones que violan los derechos humanos, imponiendo condiciones de vida y trabajo infrahumanas; mediante el trabajo forzoso en diversos ámbitos, que sólo en 2016 era algo que sufrían 25 millones de personas; mediante el trabajo infantil; mediante los matrimonios forzados, y otras muchas formas de esclavitud moderna.

El pasado viernes día 1 de diciembre, fue el Día mundial del SIDA. Seguro que nuestras oyentes recuerdan y saben que para luchar contra el estigma que supuso el SIDA en nuestro país para las personas que lo padecían, se generó un movimiento social de lucha ciudadana contra el SIDA que nos hizo tomar conciencia a toda la sociedad española y, gracias a ese movimiento ciudadano, hoy la estigmatización social se ha reducido considerablemente.

También fue el movimiento ciudadano de las personas con discapacidad y sus familiares, el movimiento social que hizo que en España se legislara para el reconocimiento de sus derechos y para exigir que la acción pública dejara de ser segregadora y estigmatizadora, asistencialista y paternalista, para ser inclusiva. Hoy queda mucho camino por recorrer para alcanzar la plena inclusión, pero sin ese movimiento ciudadano hoy estaríamos aún más lejos.

También han sido los movimientos sociales abolicionistas quienes consiguieron cambiar conciencias y movilizar a sus sociedades hasta que la esclavitud dejó de ser legal. España, por cierto, ha sido la última potencia colonial y uno de los últimos estados del mundo en abolir la esclavitud. Deberíamos recordarlo, porque es uno de los episodios más silenciados de nuestra historia.

Y a estas alturas se preguntarán por qué les hablo de estas tres causas y de los movimientos sociales ciudadanos que enfrentaron a los poderes establecidos movilizando a la ciudadanía para lograr cambios que hoy nos parecen a todas obvios y normales. Pues porque, como afirmó tan acertadamente Rudolf von Jhering: “todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha. Todo precepto jurídico importante ha tenido que ser arrancado a aquellos que se le resisten”.  Y hoy, en vísperas del aniversario de la Constitución Española, esto es algo que no deberíamos olvidar. Pues son muchos los derechos sociales que la Constitución reconoce, pero que continúan sin poder ejercerse de manera efectiva, y que son erosionados cada vez más (cuando no suprimidos).

¡Es el cuidado, estúpido!

Aunque poca gente se hizo eco, ayer fue el Día internacional de las personas cuidadoras. En nuestro país más del 90 por ciento de las personas que cuidan a otras en situación de dependencia somos mujeres: ya sea por motivos de enfermedad, discapacidad, envejecimiento, etc., y tanto si el cuidado es transitorio o definitivo, como si se trata de cuidados profesionales formales o de cuidados familiares

Todos los seres humanos necesitamos cuidar y ser cuidados en diferentes etapas de nuestra vida, ya sea por limitaciones temporales o permanentes. Por ello, el reconocimiento jurídico del derecho al cuidado es vital para que la organización social de cuidados cambie y deje de estar asentada en el patriarcado y el colonialismo. Porque en nuestro país, el hecho de que el cuidado siempre recaiga en las mujeres (sean madres, hijas, abuelas, empleadas domésticas, auxiliares de centros residenciales, guarderías, etc.), obedece a un modelo patriarcal-colonial, tan injusto como indeseable.

La conocida como Ley de Dependencia, establece la responsabilidad de los poderes públicos en la atención a la dependencia. Sin embargo, la semana pasada se publicaron los datos que confirman que, en el último año, la atención a la dependencia retrocede en nuestro país: aumenta la lista de espera y se mantiene el ritmo de personas que mueren esperando los trámites. Casi 18 mil personas más en la lista de espera, y más de 13 mil con el derecho reconocido pero sin recibir prestación alguna. Seguimos abandonando a las personas más vulnerables de nuestro país.

Hoy, en pleno genocidio y masacre del pueblo palestino, puede sonarnos a distopía que sea el Día internacional para prevenir la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. Porque en las guerras, además de las personas asesinadas y heridas, y de las infraestructuras destruidas, el medioambiente también es una víctima silenciosa y silenciada. En Gaza y Yemen, toda la infraestructura hídrica se ha dañado (pozos subterráneos, plantas de tratamiento de aguas, estaciones de bombeo, etc.). En Afganistán, por ejemplo, la tasa de desforestación en los últimos años de conflicto ha sido del 95 por ciento.

El cuidado, como nos dice Joan Tronto, es todo lo que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro ‘mundo’ de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Este ‘mundo’ comprende nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno y todo lo que enlaza la compleja red de apoyo a la vida.

Ejercer el cuidado requiere apreciar la interdependencia humana. Porque es esa interdependencia lo único que asegura la vida: no la codicia de unos pocos.

Si nuestras decisiones y acciones como personas, tanto individuales y familiares, como locales, regionales y estatales, no solo no reparan nuestro mundo, sino que lo destruyen y aniquilan a base de ahondar y agravar las desigualdades que el patriarcado y el colonialismo producen; entonces, como especie humana, estaremos malditas para siempre.

¡Es el cuidado, estúpido!*

* Cuando estaba en disputa la presidencia de Estados Unidos entre Bill Clinton y George Busch, se hizo famoso el lema ¡es la economía, estúpido!, que Clinton espetó a Bush en un debate. Luego dijeron los medios y hasta la wikipedia que gracias a esa frase ganó la presidencia.

Nada que celebrar

La cumbre de Granada ha sido sin duda el mejor escaparate para vender muy bien la marca España. En este aspecto, la cumbre ha sido éxito.

Ahora bien, más allá de vender fenomenalmente bien nuestra marca de país, la cumbre no ha sido un éxito sino un fracaso.

¿Por qué afirmo que ha sido un fracaso?

Pues porque, si nos fijamos en el contenido de las dos reuniones celebradas, el resultado no es para alegrarse ni festejar.

Una de esas reuniones fue de eso que se inventó el presidente francés, Enmanuel Macron para visibilizar la soledad de Rusia, que se llama Comunidad Política Europea (CPE), que de momento es un cascarón vacío, sin definición política ni geográfica.

La otra reunión ha sido la del Consejo Europeo, cuya presidencia ostenta España en este segundo semestre de 2023. Por eso la cumbre la organiza España como anfitrión.

En la primera reunión hubo más puesta en escena que contenido real, ya que eso que se llama Comunidad Política Europea no es un organismo político sino un foro de concertación de posiciones sobre el apoyo a prestar a Ucrania. Y, de momento, nada más. En esta reunión, la imagen de España hacia el resto del mundo (lo que solemos llamar marca España) ha sido un éxito.

Pero en el aspecto político, no hay nada que celebrar: Las ausencias de los presidentes de Turquía y Azerbaiyán, para no tener que afrontar críticas por la brutal agresión a la población armenia, que está siendo una operación de “limpieza étnica” en toda regla; así como el debate sobre la posible ampliación de la Unión Europea y sus múltiples problemas, hacen que en esta primera reunión de la cumbre de Granada no se haya avanzado gran cosa en casi nada.

Y, con respecto a la reunión del Consejo Europeo, que se ha querido presentar como un éxito al desbloquearse el denominado pacto migratorio, pues la situación es realmente desoladora si analizamos su contenido. Porque no es una buena noticia, sino una noticia terrible: Terrible porque ese pacto europeo se basa en la aceptación de todas las exigencias de los países más xenófobos y racistas de la UE, con Polonia, Hungría, Eslovaquia, Austria y ahora también Italia a la cabeza.

Las únicas medidas de consenso de ese pacto se basan en repartir dinero a países del norte de África para que hagan de “policías y gendarmes delegados” y, sobre todo, en castigar brutalmente a las víctimas, a quienes se podrán aprisionar sin decisión judicial hasta durante casi dos años. Además, ese pacto no avanza sino que retrocede en materia de derechos humanos y, de facto, eliminará el derecho de asilo. Con lo que el estado de derecho en que se asienta la UE quedará seriamente amenazado. A eso se suma el consenso para perseguir a las ONG que rescatan migrantes en el mar, tal como exigía Italia.

En definitiva, el desbloqueo del pacto migratorio constituye la mayor deshumanización de la Unión Europea que deja de ser una “Europa de los comerciantes”, para convertirse en una “Europa de los asesinos”.

Y esto, queridas lectoras, no es algo para celebrar: No es un éxito sino una vergüenza para la imagen de nuestro país, que además ofende y humilla a cualquier persona que se considere mínimamente progresista.

Dentro de tres días y quizás por no tan diferentes motivos, nuevamente nos veremos obligadas a recordar de nuevo que no hay nada que celebrar…

Comunidad y acción comunitaria

1. NUESTRO MUNDO DE LA ACCIÓN COMUNITARIA

Quienes hemos elaborado este texto somos personas interesadas en el estudio e implicadas en la práctica de la acción comunitaria. En este breve documento queremos plasmar un cierto y mínimo lenguaje común y algunas visiones o concepciones básicas compartidas, con el fin de contribuir al impulso y la mejora de nuestra acción comunitaria, sobre la base del fortalecimiento de los lazos y colaboración entre nosotras y, por tanto, de una mayor vertebración de nuestro mundo de la acción comunitaria; un mundo que es de por sí diverso y cambiante y que está abierto siempre a nuevas personas, experiencias y aportaciones.

2. COMUNIDAD: REALIDAD Y PROYECTO, SIMULTÁNEAMENTE

Cuando hablamos de comunidades, en estas páginas, nos referimos a realidades existentes. Las comunidades existen, las relaciones comunitarias existen. Pero somos conscientes de que, en muchas ocasiones, la comunidad es más un proyecto que una realidad. Quizá hablamos más de la comunidad porque echamos de menos la comunidad. Muchas veces la comunidad a la que nos referimos es una comunidad en construcción, incluso una comunidad soñada: un proceso de profundización y extensión de relaciones y dinámicas comunitarias que, en contextos de individualismo, desvinculación, expropiación de la dimensión comunitaria de las personas y retroceso de la democracia, se abre camino.

3. COMUNIDAD: DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO

Hablar de comunidad es hablar de un grupo o un conjunto de personas, de un sistema o ecosistema de relaciones, emociones y referencias. La comunidad sería una realidad más reducida y abarcable que la sociedad. Parece que el concepto de comunidad nos remite a una cierta importancia, entre esas relaciones, de las relaciones primarias de afecto, compromiso y reciprocidad (sean más intensas o más débiles) y de una cierta autoidentificación e identificación desde fuera de unas personas (y no otras) como miembros de la comunidad. La comunidad frecuentemente tiene conexión con un territorio significativo y una historia más o menos narrada. Hablar de comunidad también conduce a hablar de posibilidades de autoorganización solidaria, economía colaborativa, institucionalidad de proximidad. De ciudadanía activa, agencia política, democracia participativa. Ponemos el foco en la comunidad, pero no desconocemos la existencia de determinaciones o determinantes estructurales sociales que la atraviesan. También sabemos que no todos estos ingredientes o rasgos son imprescindibles para que podamos hablar de comunidad (puede haber realidades comunitarias en las que falte alguno de ellos).

4. LA COMUNIDAD COMO REALIDAD CONFLICTIVA Y BIEN DESEABLE

Sabemos que las comunidades pueden ser negativas, dañinas y perniciosas y que en ellas encontramos barreras, segregación, hostilidad, maltrato y violencia. Las comunidades reales, en todo caso, son imperfectas y conflictivas y están atravesadas por contradicciones y antagonismos. Rechazamos la visión edulcorada, consensual y estática de la comunidad que oculta interesadamente injusticias estructurales que rompen y deforman las comunidades y apostamos por la construcción de comunidades participativas, equitativas y fraternas. Afirmamos, en todo caso, que estar en comunidad, participar en relaciones, redes y sistemas comunitarios es, en principio, bueno para las personas. Es capital relacional y activo valioso para la persona. La comunidad, entonces, puede ser un factor positivo para la calidad de vida y el bienestar de las personas; espacio de acogida, hospitalidad, confianza, cuidado y protección; así como articulador de la participación ciudadana para el bien común y el interés general.

5. ACCIÓN COMUNITARIA: HACIA UNA DELIMITACIÓN

Llamamos acción comunitaria a una actuación colaborativa, organizada e intencional de dinamización participativa de una comunidad hacia un objetivo compartido, que busca su empoderamiento colectivo, su transformación como sujeto consciente y la mejora de la vida de todas las personas que son o pueden ser parte de ella. La acción comunitaria se apoya en las dinámicas comunitarias realmente existentes e intenta ayudar a que sus potencialidades se desarrollen y fructifiquen en comunidades abiertas e inclusivas, catalizando los vínculos y las relaciones entre las personas. La expresión intervención comunitaria (o trabajo comunitario) podría referirse más bien a una acción comunitaria realizada por (o en la que participan) profesionales. Desarrollo comunitario haría más bien referencia a la finalidad de la acción comunitaria. En cualquier caso, acción comunitaria parece ser la expresión en la que más tradiciones se pueden reconocer y con la que más personas podemos sintonizar.

6. ENFOQUE, MIRADA, ORIENTACIÓN, PERSPECTIVA COMUNITARIA

Hay actuaciones que, como tales, no pueden ser consideradas en o por sí mismas como acción comunitaria pero que pueden ser especialmente fértiles en su contribución a la generación de posibilidades de acción comunitaria. Nos referimos a servicios, programas o intervenciones con enfoque comunitario, mirada comunitaria, orientación comunitaria o perspectiva comunitaria, que pueden realizarse en (o con) diferentes contextos, encuadres, escenarios o ámbitos. Cuando se habla, por ejemplo, de atención comunitaria, nos estamos refiriendo a servicios o intervenciones que tienen en cuenta la dimensión comunitaria de las personas y se apoyan en (y dan soporte a) entornos y relaciones comunitarias de las personas que reciben la atención. Compartir enfoque, mirada, orientación o perspectiva comunitaria puede ser una buena base para construir encargos explícitos y estrategias transformadoras de acción comunitaria.

7. ACCIÓN COMUNITARIA: INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD CIVIL

Son diversos los agentes que pueden realizar (o tomar parte en) iniciativas de acción comunitaria. En todo caso, si hablamos de acción comunitaria, la intervención del sector público (personas con responsabilidades políticas y técnicas) ha de desencadenar necesariamente (o ser activada por) un protagonismo de la sociedad civil, un aumento de la capacidad de agencia de ésta, una potenciación de su acción colectiva. Acción colectiva merecedora de compromiso y respeto como fuente que es de profundización democrática a través de la cogestión de políticas públicas.

8. ACCIÓN COMUNITARIA Y ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

En algunos casos la acción comunitaria es sectorial, es decir, tiene lugar principalmente dentro de un determinado ámbito de actividad, como puede ser, por ejemplo, el ámbito de la salud, de la educación, de los servicios sociales, del empleo, del urbanismo, de la vivienda, de la cultura, del turismo, de la seguridad u otros. En el caso de la acción comunitaria sectorial hay una sinergia entre la finalidad propia del ámbito (por ejemplo, en el caso del ámbito sanitario, la salud) y la finalidad definitoria de la acción comunitaria (la construcción de comunidad) que realiza aportaciones especialmente importantes en claves de prevención y promoción. Lógicamente también existe la acción comunitaria que se realiza fuera o más allá de los ámbitos sectoriales (o que los atraviesa y los conecta entre sí). En cualquier caso, tanto las políticas públicas sectoriales como las transversales ofrecen servicios y equipamientos (estructuras e infraestructuras sociales) de proximidad que son importantes para la acción comunitaria.

9. ACCIÓN COMUNITARIA, PROFESIONES Y DISCIPLINAS, METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS

Cuando la acción comunitaria es diseñada, realizada y evaluada por profesionales, hemos de entender que se trata de un campo en el que operan diversas profesiones y disciplinas (o áreas de conocimiento). Cada una de estas profesiones y disciplinas y todas ellas juntas disponen de un acervo de metodologías y tecnologías comunitarias, mereciendo aquí una mención especial la investigación-acción participativa. Apostamos por una acción comunitaria con aliento ético y por más investigación y evaluación que nos permitan contar con evidencias que sean cada vez más convincentes para impulsar la acción comunitaria.

10. VERTEBRANDO NUESTRO MUNDO DE LA ACCIÓN COMUNITARIA

Las personas que hemos elaborado este sencillo documento (integrantes, por ello, del que hemos llamado Conversatorio sobre Acción Comunitaria, lugar abierto para seguir debatiendo y construyendo) nos damos la mano y la ofrecemos a otras personas para seguir vertebrando nuestro mundo de la acción comunitaria, para ir profundizando y desarrollando lo que decimos en él. Y sobre todo nos comprometemos a seguir llevándolo a la práctica en una acción comunitaria que queremos cada día más extendida y transformadora.

¿Es posible un cambio en la política migratoria que no venga de la extrema derecha?

Terminaba mi entrada anterior con la pregunta que encabeza este texto, a la vista de las posiciones de los países europeos en la última década y del Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2020 que, como explicaba, ni es un pacto ni es de migración y asilo.

Un nuevo contrato social para las migraciones es urgente, pero en sentido estricto, y en tanto que un contrato social como construcción solo puede ser concebido como el fruto de un acuerdo entre personas libres e iguales, no podríamos hablar de contrato social para las migraciones, ya que los extranjeros son, “relativamente libres y radicalmente no iguales en tanto no-pertenecientes a la comunidad política en cuestión”. 

Sólo si, en sentido laxo, entendiéramos como nuevo contrato social la conexión (ahora inexistente) entre la realidad de los desplazamientos de población actuales y la respuesta política y normativa a los mismos, podríamos apuntar algunos elementos básicos o mínimos que tal contrato debería incluir, y que bien podría orientarse por los 10 principios y los 23 objetivos contenidos en el primer acuerdo global sobre migraciones, aprobado en diciembre de 2018 en el marco de Naciones Unidas y que España firmó. En ese Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, se acordaron los principios que deben regir las políticas migratorias, desde un enfoque integral que concilie los beneficios del movimiento de las personas, los derechos humanos y la legalidad. 

El gobierno español firmó ese pacto, pero no lo está cumpliendo, así que un nuevo contrato social para las migraciones en nuestro país debería empezar por ahí. Porque -como afirman Cachón y Aysa– “el Pacto es el último tren que tiene esta generación para regular de modo responsable, ordenado y humano unas migraciones seguras y regulares”. Las entidades que en España realizan el seguimiento del cumplimiento del Pacto Mundial han realizado un informe para el Foro de Examen de la Migración Internacional de mayo de 2022. Dicho informe concluye que España “suspende en todos los compromisos” y no cumple ninguno de los 23 objetivos, “sigue sin abordar las cuestiones de fondo ni los problemas estructurales”. Lo más grave es que, como se ha demostrado con la guerra de Ucrania, “cuando hay voluntad política, se puede proteger y facilitar la inclusión de las personas desplazadas”. Las tareas pendientes más urgentes del Estado español tienen que ver con la protección de las personas migrantes en las fronteras, con los derechos laborales, el favorecimiento de una migración regular (que hasta ahora no existe, por mucho que se apele a la misma en los discursos públicos), la igualdad de trato y la no discriminación.

Y es que España lleva sellando acuerdos bilaterales de externalización de fronteras (especialmente con Marruecos, Mauritania y Senegal) que impiden la creación de vías legales, ordenadas y seguras para migrar. Este tipo de acuerdos ha convertido desde 2021 a la ruta migratoria canaria en la más mortífera del mundo, según la agencia de Naciones Unidas para las migraciones^[i]. Las más de 4.000 devoluciones sumarias e ilegales que las fuerzas de seguridad españolas realizaron en Ceuta solo en mayo de 2021, o las detenciones habituales de las personas migrantes y su internamiento forzoso sin que exista delito alguno, son ejemplos cotidianos del incumplimiento español del Pacto Mundial firmado.

Además, y pese que a categoría ‘migrante económico’ no tiene sustento legal, la Ley Orgánica de Extranjería (LO 4/2000) y su Reglamento regulan el estatuto de los extranjeros en España desde una visión economista, tomando como uno de sus principios rectores la ordenación de los flujos migratorios laborales de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo. Esta instrumentalización funcional de las políticas migratorias de acceso a la residencia contenidas en la normativa de extranjería se implementa mediante procedimientos administrativos intencionadamente lentos, laberínticos y burocráticos; que promueven y favorecen la etnoestratificación y la segregación laboral, dando lugar a abusos y explotación de todo tipo y condenando a la exclusión a miles de personas. Las posibilidades de obtener permisos de trabajo que recoge la Ley de Extranjería se han demostrado ineficaces, selectivas y no responden a la realidad del mercado laboral español, destacando la enorme bolsa de personas en situación irregular, cifrada en alrededor de medio millón de personas que no cumplen los requisitos establecidos y se ven abocadas a la economía sumergida, la explotación laboral y la desprotección más absoluta.

El informe de seguimiento del cumplimiento del Pacto Mundial por parte del España también pone sobre la mesa la elevada tasa de paro entre las personas extranjeras, que asciende al 20,89% frente al 12,71% de los españoles, o que el salario medio de los trabajadores migrantes es un 28,3% inferior al de los nacionales. Señala que gran parte del empleo migrante sigue restringido casi por completo al sector agrícola y al empleo del hogar y de cuidados. Mientras, España sigue sin ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que equipara sus derechos a los de otros sectores en cuanto a descansos, vacaciones o prestación por desempleo. 

No debemos olvidar que el uso discriminatorio de ciertos instrumentos jurídicos (como la preferencia en el otorgamiento de permisos de trabajo temporales sobre los normales que permiten mayor movilidad geográfica y ocupacional) provoca una mayor segmentación y segregación en el mercado de trabajo, que sólo favorece a los empresarios (que no están obligados en ese tipo de contratos a cotizar por desempleo del trabajador) y al Estado (que no se ve obligado a activar mecanismos de integración para estos trabajadores a quienes no se les permite la residencia continuada ni la reagrupación familiar).

Otras formas de discriminación se derivan de la aplicación cada vez más restrictiva de las normas de protección social a los trabajadores extranjeros (y sus familias) y de la imposibilidad que tienen para acceder en igualdad de condiciones a ciertos dispositivos y prestaciones sociales, sanitarias o educativas, que están siendo restringidas de forma progresiva a los migrantes cuando pasan a una situación de desempleo o, cuando estando trabajando, se encuentran en situación administrativa irregular.

La discriminación contra las personas migrantes es aceptada y promovida por buena parte de las normas legales y el ordenamiento jurídico de los países europeos (España incluida), que no han suscrito la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, de 1990. 

En definitiva, no se están cumpliendo los objetivos del Pacto relacionados con la integración, la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes. Concretamente se insiste en el informe en que la Ley de Extranjería sigue condenando a un periodo mínimo de tres años en la irregularidad a las personas hasta que pueden obtener sus papeles. Recuerdan que hay retrasos de hasta ocho meses en las renovaciones de permisos de residencia, generando situaciones de irregularidad sobrevenida. Esta situación hace que miles de personas no puedan siquiera denunciar como víctimas de un delito por miedo a que la policía les abre un expediente de expulsión. También denuncian que se siguen produciendo identificaciones policiales basadas en el perfil étnico o racial, una práctica discriminatoria, humillante y estigmatizadora.

A esto se añade que en España la población de origen inmigrante ha sufrido los efectos de la pandemia con mayor intensidad que el resto de la población: “Si las desigualdades sociales persistentes han aumentado con la pandemia, las desigualdades estructurales que padece la población migrante se han agudizado todavía más en estos últimos tres años. A diferencia de lo ocurrido en países como Italia o Portugal, que regularizaron en 2020 a su población inmigrada por considerarla esencial para la economía agroalimentaria y de los cuidados, España no ha protegido ni reconocido derechos a la población inmigrada durante la pandemia, sino que los ha restringido gravemente, con consecuencias que persisten y se prolongan hasta el momento actual. Las respuestas institucionales frente a la pandemia han supuesto en España sistemáticas vulneraciones de derechos para la población migrante en el ámbito social y económico, y no sólo en el sanitario. Se trata de una amenaza añadida a las ya existentes, en lo que respecta a los derechos humanos más básicos de la población más vulnerabilizada, empobrecida e invisibilizada. En este sentido, la pandemia ha agudizado e intensificado la discriminación institucional, ha generalizado procesos de deshumanización y legitimación de la violencia contra inmigrantes y refugiados, y ha criminalizado a las víctimas más indefensas en lugar de protegerlas”.

Apelar a los Derechos Humanos no basta para eliminar las jerarquizaciones selectivas raciales y sociales en que se inscribe el proyecto civilizatorio europeo. Porque en la categorización de nacionalidades, en las listas de pasaportes amigos y no-amigos de cada país, está el origen de todo lo que hoy indigna. Pues, como advierte Karlos Castilla, desde los derechos humanos esas distinciones, exclusiones y restricciones o preferencias en base a la nacionalidad del pasaporte, están avaladas y no pueden considerarse como discriminación racial. Existe una contradicción entre el art. 1.2. de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (que admite las distinciones de tratamiento que un Estado realice entre ciudadanos y no ciudadanos) y el art. 3 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (que dice que sus disposiciones se deben aplicar sin discriminación por motivos del país de origen). Por otra parte, en prácticamente todas las regiones del mundo, solo reconocen la libertad de circulación a la ‘persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado’, con lo que eso significa cuando se huye de una guerra y en cada frontera te piden un visado. Por lo que, si nos indigna lo que hoy está ocurriendo en Europa, no es suficiente con señalar a la UE y sus políticas migratorias: debemos ir más allá “transformando el derecho que avala las discriminaciones en frontera; el derecho que permite categorizar a las personas de acuerdo con el pasaporte que poseen; el derecho que ha colocado a los constructos Estado y nacionalidad por encima de la tangible persona humana en el asilo; el derecho construido, impuesto y expandido por los históricamente poderosos (que venden y tienen armas) a partir de aparentes concesiones de igualdad para las históricamente discriminadas y expoliadas (que principalmente sufren las guerras). El derecho que creó una igualdad formal que excluyó y sentó las bases para la normalización del racismo social e institucional que hoy ante situaciones complejas, por desgracia, retoma fuerza”.

Hoy varios altos cargos políticos vinculados a la gobernanza de las migraciones en los Estados miembros de la UE se preguntan con pesimismo si cabe pensar en una modificación significativa que no venga de la extrema derecha…

Frente a ello, quienes pensamos que el reto de formular un nuevo contrato para las migraciones no puede venir de la extrema derecha, debemos ser conscientes de que hoy, más que nunca, “necesitamos pensar otras categorías donde la migración se transversalice al análisis de cuestiones centrales actuales como el modelo de desarrollo vigente, la crisis climática, el acceso desigual a recursos, el derecho a la subsistencia y desarrollo y en especial el principio de responsabilidad solidaria como exigencia de los compromisos respecto de los individuos y de la sociedad”. 

Si algo bueno ha tenido la crisis de Ucrania, es que ha demostrado que sí se puede desplegar una política coordinada y garante del derecho de asilo a escala europea. Que es sólo una cuestión de voluntad política. Y que los argumentos utilizados hasta ahora para eludir nuestra responsabilidad como Estados de Derecho eran falsos. Que sí es posible, si se quiere, formular y aplicar una política migratoria realista, eficaz, justa y legal.

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^[i] El primero y más extremo ejemplo de violación de derechos humanos es la ausencia de vías legales y seguras para llegar a Europa que tiene como consecuencia la muerte de muchas personas en el trayecto, cada vez más distante y peligroso. Según los datos oficiales de la OIM, en 2020 perdieron la vida 849 personas en la ruta canaria. Según la ONG Caminando Fronteras las personas fallecidas fueron al menos 2.170. El año 2021 fue el más mortífero de la frontera euroafricana occidental: murieron 4.404 personas, de las cuáles 4.016 fueron en la ruta canaria. Las estimaciones de la OIM, basadas únicamente en testimonios de supervivientes que no incluyen las muertes en naufragios invisibles (sin testigos y sin cadáveres), fueron de 1.255 muertes en 2021. Con los datos registrados por Missing Migrants en 2022, la agencia de Naciones Unidas establece la ruta canaria como la más peligrosa del mundo: uno de cada cinco muertos o desaparecidos contabilizados por la OIM perece en el Atlántico rumbo a Canarias.

Aunque la mentira se vista de pacto…

Durante los últimos años el número de personas desplazadas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y a buscar refugio en un tercer país ha crecido de forma significativa. Según los datos de ACNUR, más de 82 millones de personas en el mundo han salido de su país o se han convertido en desplazadas forzosas. Igualmente, hay un número muy importante de personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y a migrar como consecuencia de la lucha por la supervivencia en el acceso a recursos cada vez más escasos en escenarios de desigualdades globales crecientes. Esto nos debe obligar a reconocer la falta de autonomía y a confirmar el carácter forzado del desplazamiento actual, como regla general. 

Frente a esta situación, las políticas migratorias europeas llevan varios lustros respondiendo de manera contraria a los principios y valores que están en el propio origen del proyecto europeo. La experiencia de aplicación de las políticas migratorias y de asilo europeas evidencian claramente que son un dispositivo institucional de no-respeto de derechos, expresado de forma casi paradigmática en el rechazo sistemático a garantizar el derecho de asilo y protección internacional. Y España es uno de los países europeos que con más dureza lleva impidiendo el ejercicio de este derecho, denegándolo a 19 de cada 20 personas que solicitan protección. España solo acepta el 5% de las solitudes de asilo resueltas, muy lejos de la media europea del 33% y aún más de países como Grecia (55%) o Alemania (44%).

La mirada profundamente discriminatoria con que la Unión Europea aplica su propia legislación se ha puesto en evidencia en marzo de 2022 con la activación -por primera vez y solo para el caso de Ucrania- de la Directiva 2001/55 de protección temporal, que nunca se activó en otros casos de refugiados por conflictos armados, que es para lo que se estableció hace más de veinte años.

La política migratoria de la UE constituye una violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, que mantiene a millones de personas sin derechos en el territorio europeo. Esto es así porque la llamada ‘política migratoria’ europea es, en realidad, una política comunitaria de control de fronteras (con origen en el acuerdo de Schengen), exclusivamente securitaria y policial, preocupada exclusivamente por el control y la contención de las personas fuera de las fronteras europeas. No en vano, son los departamentos de justicia y asuntos interiores los únicos encargados en los estados miembros, de gobernar los asuntos migratorios.

El mal llamado Pacto Europeo de Migración y Asilo, de 23 de septiembre de 2020, es realmente una propuesta de dos mentiras porque ni es un pacto, ni es de migración ni asilo. No es un pacto porque no es vinculante ni representa acuerdos entre Estados. Es una propuesta de la Comisión rendida a los postulados del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovenia, firmes defensores de posturas anti-inmigración), que no reconoce la necesidad de un sistema europeo de migración y asilo, sino de control de fronteras. Tampoco es de migración y asilo, porque en materia migratoria, tanto la Comisión como gran la mayoría de los estados miembros no tienen interés en una política común de inmigración y asilo, sino en externalizar en terceros países la contención de los desplazados y en abrir procesos de retorno inmediato sin garantizar que las solicitudes de asilo se estudien de manera individual y con las debidas garantías jurídicas (que es la base del derecho del asilo). 

El pacto promueve y aboga por la creación de centros de retención forzosa en las fronteras europeas, como los existentes en Estados Unidos o Australia. Algo que, de hecho, ya son los campos de refugiados de Grecia, los CETI de Melilla y Ceuta y los macrocentros de Canarias. 

Nombrar las cosas de manera diferente para que lo ilegal, injusto e inhumano parezca aceptable y legítimo, es básicamente lo hace establece el pacto: así, por ejemplo, cuando habla de nuevo mecanismo de solidaridad lo que en realidad se establece es que los estados miembros no estarán obligados a ser solidarios ni serán sancionados si incumplen el pacto. 

Se dice que hay que abandonar el Reglamento de Dublín porque ha fracasado, pero ese fracaso sólo se explica por el incumplimiento sistemático del mismo y por mucho que el pacto le cambie el nombre, la situación no ha cambiado, ni parece que vaya a cambiar.

Solo se presta atención en ese pacto a las entradas irregulares, desatendiendo el paquete de medidas más importante en cualquier política migratoria, que son las entradas regulares y seguras.

Todos los errores y fracasos previos de la UE en materia migratoria se intentan resolver renombrando conceptos que no han funcionado, sin buscar alternativas que, de verdad, sean eficientes y eficaces. Lo que sí parece claro, es que este pacto creará nuevos espacios de vulneración de derechos, en lugar de protegerlos y reforzarlos. Algo que el gobierno de España ha venido haciendo sistemáticamente en Canarias, desde el verano de 2020 justo a partir de la firma del pacto, con la creación de macrocentros llamados de ‘acogida’ que son -en realidad- lugares de retención forzosa donde se dispensa un trato inhumano y degradante^[i] a varios miles de personas migrantes allí internadas, y a quienes se les impide salir de estas ‘islas jaula’; tal como ha sido denunciado por numerosas entidades de derechos humanos, incluyendo el Defensor del Pueblo, CEAR, Amnistía Internacional, Irídia y Médicos del Mundo.

Se trata, en definitiva, de una propuesta enfocada de manera exclusiva en la irregularidad, por más que se utilice eufemísticamente en los discursos públicos la retórica de asegurar migraciones legales, ordenadas y seguras. Este pacto europeo no plantea vías seguras y legales; y mucho menos aborda el debate de la integración sociolaboral y política de los millones de personas migradas que llevan décadas viviendo en Europa. El pacto es papel mojado porque nació muerto, carece de audacia y solo refleja políticas anticuadas que han demostrado reiteradamente no ser solución de ningún problema en las fronteras ni en el interior del territorio europeo.

La activación de la Directiva europea de protección temporal, en marzo de 2022 con motivo de la guerra en Ucrania, demuestra que se puede garantizar el derecho al asilo y que se pueden gestionar de manera coordinada en Europa los flujos migratorios. Ha sido la falta de voluntad política la única causa de los estrepitosos fracasos de 2015 (por la irresponsable e inmoral inoperancia de la UE en el caso de los refugiados sirios) y de 2021 (en el caso de los afganos a quienes la UE sigue sin garantizar el derecho de asilo -salvo en los contados casos de personas evacuadas de Kabul al inicio del gobierno talibán- y de la crisis vivida en la frontera de Polonia y Bielorrusia -con el trato inhumano dado a las personas migrantes a quienes se utilizó como arma de guerra-). 

Este uso de las migraciones como arma política en las fronteras exteriores de la UE es consecuencia directa de la externalización de fronteras a terceros países (Marruecos, Libia, Turquía, etc.) pues el objetivo real de la política migratoria no es gestionar de manera legal, ordenada y segura la migración; ni gestionar la integración sociolaboral y política de quienes habitan en territorio europeo: el único objetivo es el control y la contención a cualquier precio (mediante elevados pagos con dinero público para que la violación, tortura y muerte de las personas migrantes se realice en terceros países, fuera de la UE), incluyendo la violación institucional de derechos fundamentales.

La voluntad política para garantizar la protección temporal, ahora y solo para el caso ucraniano, muestra el doble rasero del estándar de la UE al aplicar la directiva con profundo sesgo racista. Y es que mientras en la frontera oriental con Ucrania se implementa de forma inédita una política que garantiza el derecho de asilo y protección internacional, en la frontera sur^[ii] se implementa una brutal política de contención, que utiliza la agresión y la violencia de manera sistemática, contra todas las personas que la cruzan o intentan cruzar (incluyendo niños y bebés). Violación sistemática de todos los derechos en la frontera sur y garantía del derecho de asilo y protección internacional sólo en la frontera europea oriental ucraniana.

Los países europeos llevan impidiendo de manera notable la integración efectiva de refugiados en suelo europeo desde hace tres décadas, y de forma especialmente inhumana, injusta, ilegal e ineficaz en los últimos años: Desde que en 2014 el número de solicitantes de asilo llegando a Europa aumentó rápidamente, la UE y sus Estados miembros centraron sus gastos en la seguridad fronteriza con el objetivo de mantener el número de solicitantes de asilo lo más bajo posible. El presupuesto de la Agencia de la Guardia Costera y de Fronteras de Europa (Frontex), pasó de 142 millones de euros en 2015 a 543 millones en 2021. Asimismo, el Fondo de Seguridad Interior, que financia las actividades de gestión fronteriza de los Estados miembros, se refuerza continuamente. La financiación europea para la integración no tiene comparación con estos presupuestos y los gobiernos han sido poco innovadores en la generación de estrategias para una inclusión efectiva. Los millares de devoluciones ilegales de refugiados en Grecia ejecutadas por Frontex hacia Turquía, ilustran bien en qué consiste la práctica de la política europea de migración y asilo: violación sistemática y estructural de los derechos de las personas refugiadas.

Los países de la UE militarizan sus fronteras para evitar que lleguen solicitantes de asilo, vulnerando así los derechos fundamentales de quienes huyen de sus países. El derecho de asilo es un derecho humano fundamental que se está diluyendo y deteriorando progresiva y aceleradamente en Europa. La intensa erosión del derecho de asilo está siendo posible porque los Estados han modificado con sus discursos y políticas migratorias cada vez más restrictivas y represivas, la percepción de quienes necesitan protección internacional: así, en lugar de definirse y construirse como personas necesitadas de protección por parte de Estados democráticos y de derecho, en los últimos lustros los diferentes gobiernos europeos y la propia Comisión han modificado drásticamente esta definición/construcción de las personas refugiadas (mediante discursos públicos y la aplicación de políticas securitarias, policiales y de control cada vez más restrictivas de derechos), creando la idea de que una persona refugiada es una amenaza para la seguridad. Por más que la evidencia científica y los datos demuestren que esto es falso, la realidad es que los discursos y políticas públicas tienen -por su enorme influencia social y capacidad performativa- esta posibilidad de deconstrucción y creación de realidad. En virtud de este cambio intencionado en la construcción de la percepción de las personas necesitadas de protección, hemos pasado en Europa de la solidaridad y el apoyo que despertaba de manera general la existencia de personas refugiadas, a la hostilidad y el rechazo mayoritario en los últimos lustros. Olvidándose del derecho de asilo y de la responsabilidad de examinar individualmente y con las debidas garantías procesales las solicitudes de asilo, los gobiernos europeos han construido un imaginario que convierte a las personas refugiadas en amenaza, ante las que sólo cabe blindar fronteras y pagar para que el matonaje y la barbarie más violenta contra quienes huyen de la pobreza, la muerte, la tortura, o la desigualdad, se ejerza en terceros países en los que el respeto por los derechos humanos no es, precisamente, seña de identidad. Pagamos, en definitiva, para que otros hagan lo que en Europa serían delitos de lesa humanidad. 

Esta espiral securitaria tiene graves consecuencias al desconfigurar el sistema de protección internacional que debe darse a las personas que huyen de manera forzada, vulnerando sus derechos más básicos y reforzando una narrativa propia de la extrema derecha que criminaliza a las víctimas (y de paso victimiza los verdugos). Con ello, se pone en jaque la propia capacidad (y calidad) de respuesta de la Unión Europea en su conjunto. Europa y sus Estados, el optar por la construcción de más muros y vallas, por militarizar las fronteras violando la Convención de Ginebra, sólo ahonda en la deriva iliberal, lo que supone un ataque directo a la línea de flotación del proyecto europeo. La externalización de fronteras, junto con la consideración de ciertos países como ‘países seguros’, son dos mecanismos que vulneran la base del derecho de asilo, que exige el examen individual y con garantías jurídicas de cada solicitud. Las deportaciones exprés sin las debidas garantías procesales, las retenciones e internamientos forzosos, las devoluciones en caliente, sólo son algunas de las muchas violaciones de derechos que el Estado español ejerce contra las personas migrantes y refugiadas.

En este contexto, ¿cabe pensar en una modificación significativa de las posiciones en la política migratoria europea que no venga de la extrema derecha?

La impunidad en la frontera sur es esto: palizas gratuitas, violencia desmedida contra personas que luchan por sobrevivir, vidas quebradas y un negocio descomunal mantenido con dinero público.
España, año 2022: https://t.co/5TA4eEOWEk

— ✳️porCausa (@porCausaorg) March 4, 2022

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^[i] Daniel Buraschi y María José Aguilar Idáñez (2021). Las ONG en la reproducción del racismo institucional: análisis de la intervención social en espacios de tránsito fronterizo. En Iker Barbero (ed.), El tránsito de personas migrantes desde la perspectiva de los derechos y la acogida digna(I) (pp. 103-123). Valencia: Tirant lo Blanch. 

^[ii] La frontera sur de Europa abarca desde la ruta atlántica canaria hasta la ruta turco-griega pasando por Ceuta y Melilla y el mediterráneo central: la frontera atlántica canaria es reconocida por la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) como la ruta migratoria más mortífera del mundo, desde finales de 2021.

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No es cosa de niños

La creciente preocupación por mejorar el sistema educativo puede dar la falsa impresión de que la vida de los niños, jóvenes y adolescentes es mejor y con menos problemas en la actualidad que la que vivimos quienes éramos escolares el siglo pasado.

Algunos de los problemas que vivíamos las niñas, niños y adolescentes en las escuelas hace medio siglo, como el castigo físico o el desprecio público en el aula por parte de los maestros, es cierto que casi han desaparecido. Pero no es menos cierto, que otros nuevos problemas con más graves consecuencias si cabe, han ido surgiendo y van en aumento.

El acoso escolar, también conocido como bullying (por su nombre en inglés), es un ejercicio de violencia que se produce y reproduce en los centros educativos de primaria y secundaria, cada vez con mayor frecuencia. UNICEF, a partir de todos los estudios que ha realizado, sabe que el porcentaje de niños que sufren acoso escolar en todo el mundo es muy elevado. Uno de cada tres, es víctima de acoso escolar. 

Un tercio de nuestros niños y adolescentes, sufren este daño de manera temporal o permanente. El hostigamiento reiterado, las amenazas, la intimidación, la manipulación y las agresiones verbales y físicas que se producen entre semejantes, no pueden seguir siendo ignoradas bajo la excusa de que siempre ha existido maltrato entre la población infantil y juvenil. 

No darle importancia a este grave problema, ya sea por parte de docentes o de padres y madres (generalmente de los menores agresores), lo que produce es mayor sufrimiento entre las víctimas.

Cuando un niño o adolescente es acosado y agredido de manera verbal o física comienza a mostrar una serie de comportamientos que deberían alertar a las personas adultas (especialmente en los centros escolares y las familias) como no querer ir al colegio o al instituto, bajo rendimiento escolar, síntomas de depresión, baja autoestima y, en no pocos casos, deseos de atentar contra su vida.

El acoso escolar (cuyo día internacional nos lo recuerda hoy) no puede seguir siendo visto como “cosas de niños”. Porque cuando un niño es víctima de maltrato, no se hace más fuerte sino más frágil y vulnerable. Y si, en lugar de protegerlo, las personas adultas, especialmente docentes, le quitan importancia y minimizan el problema, ese niño o niña crecerá inseguro y le costará muchísimo tener una vida sana para relacionarse con otras personas, en el trabajo o a la hora de formar una familia. 

El acoso escolar no es cosa de niños. Es un problema que afecta gravemente al menos a un tercio de nuestros niños y adolescentes. Y sólo los adultos de centros escolares y las familias pueden y deben atajarlo hasta su total eliminación.

Mirar para otro lado, no involucrase, restar importancia a los síntomas, permanecer indiferentes frente al acoso escolar, no es otra cosa que ser cómplices del mismo y únicos responsables de esta violencia, que en no pocos casos ha terminado con la vida de las víctimas.

Y aunque no guste a mis colegas, hoy también quiero aportar algo de autocrítica desde el trabajo social y sólo referida al contexto español. Porque el estudio del acoso escolar y el desarrollo de propuestas de intervención socioeducativa para prevenirlo y atajarlo suele formar parte del currículo del grado en educación social y su abordaje suele ser objeto de numerosos TFG, pero no ocurre lo mismo en el caso de la formación de trabajo social.

Una rápida búsqueda en internet sobre acoso escolar y trabajo social, comparada con otra sobre acoso escolar y educación social, ilustra la escasa presencia de este creciente y grave problema social en la formación de trabajadores/as sociales. Tampoco los colegios profesionales suelen ofertar formación en este tema. 

Por ello, resulta cuanto menos sorprendente pretender posicionarse como la figura profesional más idónea (per se) para desempeñar las tareas encomendadas a la nueva figura en centros educativos responsable de abordar y prevenir la violencia contra la infancia en centros escolares.

Sin duda el trabajo social tiene competencia profesional para ejercer esta labor, pero convendría tomarse más en serio la necesaria adaptación y adecuación de la formación profesional de grado y postgrado, a fin de asegurar un conocimiento específico y unas habilidades y destrezas de intervención profesional en este ámbito de prevención y tratamiento social de la violencia en centros escolares y contextos de intervención socioeducativa. Así como también debería intensificarse la producción científica desde el trabajo social en este terreno.

Formación + investigación + difusión, es en lo que deberíamos centrar nuestros mayores esfuerzos para que el papel y función central del trabajo social frente al acoso escolar, no parezca una simple cuestión de reivindicación corporativa en un contexto de competitividad entre profesiones que comparten nichos y campos laborales, sino un merecido y reconocido lugar de ejercicio profesional, derivado de nuestro conocimientos y competencias avanzadas para su eficaz abordaje.

Trabajar para ser pobre: compulsión autoritaria al empleo desde los servicios sociales (y el trabajo social)

En España el 13% de los trabajadores son pobres. Son 2,5 millones de trabajadores que ingresan menos de 8.400 euros anuales. Estamos hablando de trabajar remuneradamente y no conseguir tener una vida digna. Sólo Grecia y Rumanía están por detrás de España, y en el conjunto de Europa un 9,5% de los trabajadores son pobres. 

¿Acaso es que no hay suficiente trabajo? Pues no, porque en el año 2020, el de confinamiento por la pandemia, se realizaron en España 320 millones de horas extra. La mitad ni siquiera fueron pagadas y hubieran permitido crear hasta 180.000 puestos de trabajo extra. Los trabajadores dejaron de ingresar 2.500 millones de euros y la Seguridad Social, dejó de ingresar 750 millones.

No sería por tanto una escasez de horas de trabajo sino una cuestión de fraude: El 70% de la evasión fiscal en España se concentra en grandes empresas y fortunas. Sin embargo, menos del 20% de los técnicos de Hacienda persigue a estas empresas. Y es que casi un 85% de la plantilla investiga el fraude correspondiente a autónomos y pymes (el 28% del fraude). Mientras en Europa hay una media de 10,3 técnicos de Hacienda por cada 10.000 habitantes, en España tenemos menos de la mitad: 5.

El Gobierno de España, mientras tanto, sigue denegando el Ingreso Mínimo Vital a 3 de cada 4 solicitantes. Dos años después de anunciar su puesta en marcha, este ingreso se supervivencia apenas ha llegado al 46% de los destinatarios anunciados para recibirlo en 2020. O sea, el IMV solo está llegando al 12% de la población que vive en España por debajo del umbral de la pobreza. La palmaria impericia del Gobierno, con el ministro de Albacete a la cabeza (Escrivá, el responsable de Seguridad Social), muestra el fracaso de esta “vacuna social” contra la pobreza, que realmente constituye un infierno burocrático.

Como dice Julen Bollain, «resulta miserable que haya gente que defienda que una persona se embolse 8.000 euros al mes sin moverse del sofá, por el mero hecho de haber heredado 10 pisos, pero llame paguita a una renta básica de 700 euros al mes para que nadie muera de hambre».

Acabamos de saber que el 10% más rico de la población mundial actual posee el 76% de la riqueza. Mientras que el 50% de la población más pobre, tan solo posee el 2%. Son los datos del Informe mundial de desigualdad de 2022. 

Y nuestras políticas públicas fiscales, económicas y sociales no parecen contribuir a revertir esta desigualdad, sino más bien a reforzarla. 

REFORZANDO LA POBREZA DESDE LOS SERVICIOS DE “BIENESTAR”

Y los servicios sociales no son ajenos a este refuerzo de la desigualdad y la intensificación de la pobreza. Tampoco las personas que ejercen su actividad profesional en este sub(mini-cuasi)sistema de protección social.

El individualismo liberal injusto sigue siendo la lógica que anima el trabajo social profesional normativo en la actualidad. El sentimiento de que escapar de la pobreza es responsabilidad de un individuo permanece como un tema recurrente de los servicios sociales contemporáneos. 

Los itinerarios individuales de inserción sociolaboral, que son condición habitual para acceder a los recursos, por escasos y miserables que estos sean, son otro ejemplo muy extendido en los servicios sociales. Y es la principal condición compulsiva asociada a la percepción del fallido Ingreso Mínimo Vital.

Desde sus inicios, la intervención en el mundo social se sustenta en el supuesto de que las clases dominantes tienen mejor idea de lo que necesitan los pobres. Los pobres lo son por su propia culpa y seguir las instrucciones de la clase dominante es su salida a la pobreza. Puede parecer estereotipado, pero esta economía moral del trabajo social, que funciona activamente exaltando a unos y denigrando a otros, radica en una aceptación de sentido común de la gran desigualdad y la opresión normalizada en el día a día.

Los innumerables cambios que el trabajo social ha venido experimentando en el último siglo para adaptarse a las crisis (especialmente en los último 60 años) han estimulado y promovido un estilo autoritario de trabajo social, en la primera línea de atención y aplicación de las políticas, convirtiéndose en un instrumento de nuevos métodos de control social de la población empobrecida, vulnerabilizada, marginada, relegada o en desventaja. Es decir, oprimida desde múltiples ejes y sistemas de dominación, incluyendo los propios servicios sociales como dispositivos de opresión. Las adaptaciones a las crisis nos han ido llevando al aumento del autoritarismo, la desigualdad, la injusticia y la exclusión.

A medida que las prestaciones y servicios se reducen y racionan cada vez más, las trabajadoras sociales filtramos a los solicitantes, asesorando u orientando hacia apoyos cada vez más caritativos y estigmatizados socialmente. La senda recorrida en las seis últimas décadas es cada vez más lamentable y nos aleja cada vez más de la igualdad democrática y la justicia social. Porque a medida que los ingresos y la seguridad en el empleo han ido cayendo, los Estados han aumentado el carácter condicional de las prestaciones para exigir a los perceptores que se sometan a una detallada preparación para el trabajo. Al mismo tiempo, a medida que se obliga a los ciudadanos a pagar más tasas y copagos por los servicios, se envía a las trabajadoras sociales a seleccionar a las personas en el acceso a los servicios públicos y a intervenir de forma autoritaria con aquellos a quienes se define como ‘desviados’. Se altera de facto, la función que nos otorga legitimidad social como profesión, desde unas tan bienintencionadas como nefastas decisiones políticas, que nos consideran y prescriben como ‘certificadoras de pobreza’, a la vez que nos obligan a ejercer un rol de control compulsivo en procesos de (ilusoria) inclusión laboral.

Este ‘nuevo gerencialismo’ produce y necesita una ‘policialización’ de los servicios sociales, que nos mantiene atrapados en los aspectos autoritarios del control social, en especial en la compulsión al empleo. Pero el trabajo social, al estar en la “primera línea de fuego”, corre muchos más riesgos que otros profesionales de poner en marcha procesos de asesoramiento individual para llevar a los perceptores de prestaciones a la formación o al empleo, aún a sabiendas que no sirve de nada. O de ser utilizados para racionar servicios y derivar a las personas hacia formas de protección inferiores, residuales y de mera subsistencia. 

Joan Manuel Serrat, en una entrevista realizada en Argentina cuando yo vivía allí, respondió explicando que había una gran diferencia entre ser utilizado y ser útil. Pues bien, yo creo que las trabajadoras sociales en España llevamos demasiado tiempo siendo utilizadas, y ya va siendo hora de empezar a ser útiles, no creen?

Párkinson: erradicar el estigma garantizando una atención social de calidad

Hoy es el Día Mundial del Párkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo después del alzhéimer. Una enfermedad crónica que afecta al estado físico, social, funcional y emocional, pero de la que existe una imagen social totalmente errónea y estigmatizadora.

En España, la prevalencia entre los mayores de 65 años se sitúa en 1,5%, pero es una enfermedad que afecta cada vez más a personas jóvenes: 1 de cada 5 diagnósticos de párkinson se da a personas menores de 50 años. Otro mito social erróneo es el que lo asocia a los temblores: un tercio de las personas afectadas nunca desarrollan temblor.

En España se estima que hay más de 160.000 las familias que conviven con el párkinson. Tiene una prevalencia que afecta a un 0,3% de la población general, a un 2% de mayores de 60 años y es superior al 4% en mayores de 80. La incidencia es de 8-18 por cada 100.000 personas al año. En España se diagnostican 10.000 nuevos casos cada año. 

Todos debemos eliminar la percepción social estigmatizada que existe sobre la enfermedad, por ello bajo el lema #LaOtraCaraDelParkinson, la campaña de este año pretende cambiar la percepción y los estereotipos sobre esta enfermedad, mostrando la realidad de personas muy diversas que viven y conviven con esta afección. Personas jóvenes, personas que trabajan y que tienen hijos. Porque el párkinson es una enfermedad mucho más compleja de lo que la errónea imagen existente nos muestra. Una imagen que está basada en estereotipos y prejuicios que solo generan estigma social.

A través de la campaña de este año, el colectivo pretende hacer consciente a la sociedad sobre la necesidad de cambiar la imagen social que existe de la enfermedad de párkinson. La idea que nos aparece tras una búsqueda rápida en internet es equivocada y no refleja la realidad de las personas afectadas. Hay tantos párkinson como personas afectadas, y esto hace que el perfil sea muy variado. Es por ello necesario dar a conocer estos perfiles y sensibilizar así sobre el impacto de la enfermedad en la persona. 

Entre todas podemos cambiar la imagen que existe de la enfermedad, promoviendo una imagen más humana y acertada. Una imagen que se corresponda con la realidad. Por eso este año la reivindicación principal es combatir el desconocimiento de la enfermedad. Lo que implica cambiar nuestra mirada y también exigir el registro de datos reales sobre el número de personas afectadas, su perfil sociodemográfico, así como la evolución y respuesta a los tratamientos. Es importante evaluar el seguimiento de la enfermedad en las personas, y de este modo, mejorar la calidad asistencial que recibe este colectivo. Y es que, en España, no hay registro actualizado de datos que informe sobre la realidad actual de las personas con párkinson en nuestro país. El último estudio realizado en España se publicó en 2008.

La enfermedad de párkinson puede tener un inicio poco específico, con malestar general, cansancio rápido, cambios sutiles de la personalidad, dolor, síntomas urinarios, anormalidades del sueño, pérdida del olfato, y alteraciones afectivas como depresión y ansiedad. Sin embargo, ninguno de estos síntomas es capaz de predecir, con buena exactitud, la aparición de enfermedad en el futuro. Por eso, como algunas personas con párkinson nos explican aquí, muchas veces la enfermedad se diagnostica tarde.

El párkinson en las mujeres

La investigación acerca de cómo afecta el párkinson a las mujeres es tan escasa que se desconoce la relación entre la enfermedad y el embarazo o la menstruación, por ejemplo. Las mujeres pasan por una serie de fases y ciclos a lo largo de los meses que generan diversos cambios en su estado de salud físico, mental y emocional. Aunque no hay suficiente evidencia científica que informe con claridad del efecto de la menstruación o menopausia en la enfermedad de párkinson, los cambios que ambas situaciones generan en el cuerpo pueden agravar o alterar la sintomatología. Dado que el embarazo genera multitud de cambios hormonales, físicos y emocionales, entre otros; los síntomas del párkinson se pueden ver alterados. Las mujeres tienen necesidades específicas que requieren de una atención especial, como la menstruación, el embarazo, la lactancia o la menopausia. Sin embargo, hay una clara falta de investigación sobre la relación entre estos aspectos y el párkinson.

Las personas cuidadoras

La mayoría de las personas con párkinson reside en domicilios particulares y reciben cuidados de sus familiares. Según un estudio publicado en 2013, el 90% de las personas requerirá algún tipo de cuidado personal en el transcurso de su enfermedad y el 66% los recibe de familiares que viven en el mismo hogar. A un 5% se los proporciona personal empleado interno y, a un 35%, personas ajenas al hogar.

La elevada dependencia que puede producir el párkinson en las personas afectadas, que crece progresivamente conforme avanza la enfermedad, hace que los costes por pérdida de productividad de las personas cuidadoras, generalmente familiares en edad laboral, sean importantes, estando cifrados entre 343 y 532 millones anuales en España (según datos de 2007). 

La encuesta europea de cuidadores/as de párkinson, realizada en 2019 por la EPDA, muestra que el 80,5% de las personas cuidadoras son mujeres y que el 68,3% cuidaba de un hombre con párkinson. Sólo el 33,2% comparten las tareas de cuidado con otra persona, siendo mayor el porcentaje cuanto más tiempo haya pasado desde el diagnóstico de la persona con párkinson. El apoyo de familia y amigos/as en los cuidados tiene mucho impacto en las personas cuidadoras. La media de horas de cuidados es de 9 horas/día en personas diagnosticadas hace más de 10 años, y de 6 horas/día en aquellas diagnosticados hace menos de 4 años. La media general de 7,6 horas/día. El 53,9% padece estrés y el 48,8% sufre ansiedad, agobio y tienen miedo a no ser capaces de cuidar de su familiar con párkinson en el futuro. El 70% de las personas cuidadoras conviven con sus propias patologías crónicas, siendo los problemas de espalda los más comunes (35%), seguidos de hipertensión arterial (22%) y artritis (17%). El 68,5% de las personas cuidadoras tienen dificultades económicas. En concreto, relacionadas con una mayor necesidad de planificación y gestión financiera (23,5%) y el coste de los tratamientos (23,4%). 

Las demandas urgentes

Desde el colectivo párkinson España reclaman la necesidad inminente de disponer de datos actualizados, sobre el impacto de la enfermedad, así como el número y perfil de la persona afectada. 

En España carecemos de un registro de personas con la enfermedad de párkinson que arroje datos exactos sobre el número de personas afectadas, las estimaciones varían desde las 86.000 hasta las 300.000. 

Esto se añade al déficit claro en la investigación social, y una baja producción científica en materia sociosanitaria, centrada la mayor parte en los síntomas motores de la enfermedad. 

Desconocemos el número total de mujeres con párkinson en España, el número de personas afectadas con menos de 40 años o la cifra de personas afectadas que residen en el medio rural. Desconocemos cuántas y cómo son las personas con párkinson de nuestro país en la actualidad.

Esta enfermedad sigue siendo una gran desconocida y, por ello, es necesario la obtención de datos reales sobre el número de personas afectadas, el perfil sociodemográfico, así como la evolución y respuesta a los tratamientos. Es importante evaluar el seguimiento de la enfermedad en las personas, y de este modo, mejorar la calidad asistencial que recibe este colectivo. 

Todo ello permitiría conocer si los recursos sociosanitarios existentes en la actualidad son capaces de dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas por la enfermedad en nuestro país y de si se adecúan a sus características individuales como la edad, género, fase de la enfermedad o ámbito geográfico. 

Estos datos garantizarían el acceso de las personas con párkinson a derechos de protección social, y fomentarían la aplicación de políticas públicas centradas, de verdad, en la persona. Contar con datos fiables sobre la enfermedad permitiría mejorar las actuales políticas sanitarias y sociales, y dotar de presupuesto suficiente para cubrir los costes de la atención sociosanitaria integral que precisan las personas con párkinson.

Importancia de la atención social de buena calidad

El párkinson es una enfermedad neurológica compleja y progresiva que afecta la vida diaria y reduce la satisfacción con la vida. Para mantener una satisfacción vital alta, las personas con párkinson deben pasar por un proceso de cambio para adaptarse a la nueva situación. La investigación más reciente muestra que la pertenencia social es la principal preocupación en ese proceso de cambio, y que los profesionales de la salud deben utilizar enfoques interdisciplinares para apoyar a las personas con párkinson para que sus procesos de cambio sean exitosos para mantener la pertenencia social y la satisfacción vital.

Por eso, la pandemia ha tenido efectos mucho más graves en las personas con párkinson que en la población general, ya que el aislamiento social es un factor de riesgo y empeoramiento de los resultados de salud y la mortalidad. Una reciente investigación en USA enfatiza la necesidad de mantener a las personas con párkinson socialmente conectadas y prevenir la soledad en momentos de distanciamiento social. Explorando el uso proactivo de modalidades virtuales para grupos de apoyo y prescripción social.

Hay un desequilibrio en el reconocimiento de los síntomas de la enfermedad de párkinson, ya que se identifican con precisión los síntomas motores y cognitivos, pero no así los cambios emocionales y comunicativos que pueden causar importantes alteraciones en el funcionamiento social. Estos incluyen problemas para producir expresiones faciales emocionales (enmascaramiento facial) y habla emocional (disartria), así como dificultades para reconocer las señales emocionales verbales y no verbales de los demás. Estos síntomas sociales del párkinson pueden tener consecuencias sociales negativas graves, como el estigma, la deshumanización y la soledad que pueden afectar la calidad de vida en mayor medida que los síntomas motores o cognitivos más reconocidos. Por lo tanto, es imperativo que investigadores y personal sanitario tomen conciencia de estos posibles síntomas sociales y sus efectos negativos, con el fin de investigar y manejar adecuadamente los aspectos socioemocionales de la enfermedad de párkinson.

El estudio realizado en UK evidencia que maximizar la calidad de la atención social para las personas con párkinson, de forma integrada con la atención médica, mejora su salud y bienestar. Los beneficios a largo o corto plazo pueden prevenir efectos adversos como infecciones, deterioro de los síntomas y deterioro de la salud mental. Una atención social de calidad también muestra el estudio que puede reducir los costos de la atención sanitaria, ya que los profesionales pueden jugar un papel decisivo en la detección precoz y la señalización y prescripción de la atención social profesional. 

En España, debemos impulsar y exigir una práctica profesional especializada en Trabajo Social Neurológico, como garantía de esa atención social de calidad que las personas con enfermedades neurológicas (entre ellas el párkinson) tienen derecho a recibir para asegurar su salud y bienestar.

Puedes descargar esta guía directamente aquí

Para saber más:

• Libro blanco del párkinson en España
• Informe de la Fundación del Cerebro sobre el impacto social de la enfermedad de Parkinson en España
• Impacto sociosanitario de las enfermedades neurológicas en España
• Estudio sobre las enfermedades neurodegenerativas en España y su impacto económico y social
• Estimación de los costes de los cuidados informales asociados a enfermedades neurológicas de alta prevalencia en España
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