¿Es posible un cambio en la política migratoria que no venga de la extrema derecha?

Terminaba mi entrada anterior con la pregunta que encabeza este texto, a la vista de las posiciones de los países europeos en la última década y del Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2020 que, como explicaba, ni es un pacto ni es de migración y asilo.

Un nuevo contrato social para las migraciones es urgente, pero en sentido estricto, y en tanto que un contrato social como construcción solo puede ser concebido como el fruto de un acuerdo entre personas libres e iguales, no podríamos hablar de contrato social para las migraciones, ya que los extranjeros son, “relativamente libres y radicalmente no iguales en tanto no-pertenecientes a la comunidad política en cuestión”. 

Sólo si, en sentido laxo, entendiéramos como nuevo contrato social la conexión (ahora inexistente) entre la realidad de los desplazamientos de población actuales y la respuesta política y normativa a los mismos, podríamos apuntar algunos elementos básicos o mínimos que tal contrato debería incluir, y que bien podría orientarse por los 10 principios y los 23 objetivos contenidos en el primer acuerdo global sobre migraciones, aprobado en diciembre de 2018 en el marco de Naciones Unidas y que España firmó. En ese Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, se acordaron los principios que deben regir las políticas migratorias, desde un enfoque integral que concilie los beneficios del movimiento de las personas, los derechos humanos y la legalidad. 

El gobierno español firmó ese pacto, pero no lo está cumpliendo, así que un nuevo contrato social para las migraciones en nuestro país debería empezar por ahí. Porque -como afirman Cachón y Aysa– “el Pacto es el último tren que tiene esta generación para regular de modo responsable, ordenado y humano unas migraciones seguras y regulares”. Las entidades que en España realizan el seguimiento del cumplimiento del Pacto Mundial han realizado un informe para el Foro de Examen de la Migración Internacional de mayo de 2022. Dicho informe concluye que España “suspende en todos los compromisos” y no cumple ninguno de los 23 objetivos, “sigue sin abordar las cuestiones de fondo ni los problemas estructurales”. Lo más grave es que, como se ha demostrado con la guerra de Ucrania, “cuando hay voluntad política, se puede proteger y facilitar la inclusión de las personas desplazadas”. Las tareas pendientes más urgentes del Estado español tienen que ver con la protección de las personas migrantes en las fronteras, con los derechos laborales, el favorecimiento de una migración regular (que hasta ahora no existe, por mucho que se apele a la misma en los discursos públicos), la igualdad de trato y la no discriminación.

Y es que España lleva sellando acuerdos bilaterales de externalización de fronteras (especialmente con Marruecos, Mauritania y Senegal) que impiden la creación de vías legales, ordenadas y seguras para migrar. Este tipo de acuerdos ha convertido desde 2021 a la ruta migratoria canaria en la más mortífera del mundo, según la agencia de Naciones Unidas para las migraciones[i]. Las más de 4.000 devoluciones sumarias e ilegales que las fuerzas de seguridad españolas realizaron en Ceuta solo en mayo de 2021, o las detenciones habituales de las personas migrantes y su internamiento forzoso sin que exista delito alguno, son ejemplos cotidianos del incumplimiento español del Pacto Mundial firmado.

Además, y pese que a categoría ‘migrante económico’ no tiene sustento legal, la Ley Orgánica de Extranjería (LO 4/2000) y su Reglamento regulan el estatuto de los extranjeros en España desde una visión economista, tomando como uno de sus principios rectores la ordenación de los flujos migratorios laborales de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo. Esta instrumentalización funcional de las políticas migratorias de acceso a la residencia contenidas en la normativa de extranjería se implementa mediante procedimientos administrativos intencionadamente lentos, laberínticos y burocráticos; que promueven y favorecen la etnoestratificación y la segregación laboral, dando lugar a abusos y explotación de todo tipo y condenando a la exclusión a miles de personas. Las posibilidades de obtener permisos de trabajo que recoge la Ley de Extranjería se han demostrado ineficaces, selectivas y no responden a la realidad del mercado laboral español, destacando la enorme bolsa de personas en situación irregular, cifrada en alrededor de medio millón de personas que no cumplen los requisitos establecidos y se ven abocadas a la economía sumergida, la explotación laboral y la desprotección más absoluta.

El informe de seguimiento del cumplimiento del Pacto Mundial por parte del España también pone sobre la mesa la elevada tasa de paro entre las personas extranjeras, que asciende al 20,89% frente al 12,71% de los españoles, o que el salario medio de los trabajadores migrantes es un 28,3% inferior al de los nacionales. Señala que gran parte del empleo migrante sigue restringido casi por completo al sector agrícola y al empleo del hogar y de cuidados. Mientras, España sigue sin ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que equipara sus derechos a los de otros sectores en cuanto a descansos, vacaciones o prestación por desempleo. 

No debemos olvidar que el uso discriminatorio de ciertos instrumentos jurídicos (como la preferencia en el otorgamiento de permisos de trabajo temporales sobre los normales que permiten mayor movilidad geográfica y ocupacional) provoca una mayor segmentación y segregación en el mercado de trabajo, que sólo favorece a los empresarios (que no están obligados en ese tipo de contratos a cotizar por desempleo del trabajador) y al Estado (que no se ve obligado a activar mecanismos de integración para estos trabajadores a quienes no se les permite la residencia continuada ni la reagrupación familiar).

Otras formas de discriminación se derivan de la aplicación cada vez más restrictiva de las normas de protección social a los trabajadores extranjeros (y sus familias) y de la imposibilidad que tienen para acceder en igualdad de condiciones a ciertos dispositivos y prestaciones sociales, sanitarias o educativas, que están siendo restringidas de forma progresiva a los migrantes cuando pasan a una situación de desempleo o, cuando estando trabajando, se encuentran en situación administrativa irregular.

La discriminación contra las personas migrantes es aceptada y promovida por buena parte de las normas legales y el ordenamiento jurídico de los países europeos (España incluida), que no han suscrito la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, de 1990. 

En definitiva, no se están cumpliendo los objetivos del Pacto relacionados con la integración, la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes. Concretamente se insiste en el informe en que la Ley de Extranjería sigue condenando a un periodo mínimo de tres años en la irregularidad a las personas hasta que pueden obtener sus papeles. Recuerdan que hay retrasos de hasta ocho meses en las renovaciones de permisos de residencia, generando situaciones de irregularidad sobrevenida. Esta situación hace que miles de personas no puedan siquiera denunciar como víctimas de un delito por miedo a que la policía les abre un expediente de expulsión. También denuncian que se siguen produciendo identificaciones policiales basadas en el perfil étnico o racial, una práctica discriminatoria, humillante y estigmatizadora.

A esto se añade que en España la población de origen inmigrante ha sufrido los efectos de la pandemia con mayor intensidad que el resto de la población: “Si las desigualdades sociales persistentes han aumentado con la pandemia, las desigualdades estructurales que padece la población migrante se han agudizado todavía más en estos últimos tres años. A diferencia de lo ocurrido en países como Italia o Portugal, que regularizaron en 2020 a su población inmigrada por considerarla esencial para la economía agroalimentaria y de los cuidados, España no ha protegido ni reconocido derechos a la población inmigrada durante la pandemia, sino que los ha restringido gravemente, con consecuencias que persisten y se prolongan hasta el momento actual. Las respuestas institucionales frente a la pandemia han supuesto en España sistemáticas vulneraciones de derechos para la población migrante en el ámbito social y económico, y no sólo en el sanitario. Se trata de una amenaza añadida a las ya existentes, en lo que respecta a los derechos humanos más básicos de la población más vulnerabilizada, empobrecida e invisibilizada. En este sentido, la pandemia ha agudizado e intensificado la discriminación institucional, ha generalizado procesos de deshumanización y legitimación de la violencia contra inmigrantes y refugiados, y ha criminalizado a las víctimas más indefensas en lugar de protegerlas”.

Apelar a los Derechos Humanos no basta para eliminar las jerarquizaciones selectivas raciales y sociales en que se inscribe el proyecto civilizatorio europeo. Porque en la categorización de nacionalidades, en las listas de pasaportes amigos y no-amigos de cada país, está el origen de todo lo que hoy indigna. Pues, como advierte Karlos Castilla, desde los derechos humanos esas distinciones, exclusiones y restricciones o preferencias en base a la nacionalidad del pasaporte, están avaladas y no pueden considerarse como discriminación racial. Existe una contradicción entre el art. 1.2. de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (que admite las distinciones de tratamiento que un Estado realice entre ciudadanos y no ciudadanos) y el art. 3 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (que dice que sus disposiciones se deben aplicar sin discriminación por motivos del país de origen). Por otra parte, en prácticamente todas las regiones del mundo, solo reconocen la libertad de circulación a la ‘persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado’, con lo que eso significa cuando se huye de una guerra y en cada frontera te piden un visado. Por lo que, si nos indigna lo que hoy está ocurriendo en Europa, no es suficiente con señalar a la UE y sus políticas migratorias: debemos ir más allá “transformando el derecho que avala las discriminaciones en frontera; el derecho que permite categorizar a las personas de acuerdo con el pasaporte que poseen; el derecho que ha colocado a los constructos Estado y nacionalidad por encima de la tangible persona humana en el asilo; el derecho construido, impuesto y expandido por los históricamente poderosos (que venden y tienen armas) a partir de aparentes concesiones de igualdad para las históricamente discriminadas y expoliadas (que principalmente sufren las guerras). El derecho que creó una igualdad formal que excluyó y sentó las bases para la normalización del racismo social e institucional que hoy ante situaciones complejas, por desgracia, retoma fuerza”.

Hoy varios altos cargos políticos vinculados a la gobernanza de las migraciones en los Estados miembros de la UE se preguntan con pesimismo si cabe pensar en una modificación significativa que no venga de la extrema derecha…

Frente a ello, quienes pensamos que el reto de formular un nuevo contrato para las migraciones no puede venir de la extrema derecha, debemos ser conscientes de que hoy, más que nunca, “necesitamos pensar otras categorías donde la migración se transversalice al análisis de cuestiones centrales actuales como el modelo de desarrollo vigente, la crisis climática, el acceso desigual a recursos, el derecho a la subsistencia y desarrollo y en especial el principio de responsabilidad solidaria como exigencia de los compromisos respecto de los individuos y de la sociedad”. 

Si algo bueno ha tenido la crisis de Ucrania, es que ha demostrado que sí se puede desplegar una política coordinada y garante del derecho de asilo a escala europea. Que es sólo una cuestión de voluntad política. Y que los argumentos utilizados hasta ahora para eludir nuestra responsabilidad como Estados de Derecho eran falsos. Que sí es posible, si se quiere, formular y aplicar una política migratoria realista, eficaz, justa y legal.


[i] El primero y más extremo ejemplo de violación de derechos humanos es la ausencia de vías legales y seguras para llegar a Europa que tiene como consecuencia la muerte de muchas personas en el trayecto, cada vez más distante y peligroso. Según los datos oficiales de la OIM, en 2020 perdieron la vida 849 personas en la ruta canaria. Según la ONG Caminando Fronteras las personas fallecidas fueron al menos 2.170. El año 2021 fue el más mortífero de la frontera euroafricana occidental: murieron 4.404 personas, de las cuáles 4.016 fueron en la ruta canaria. Las estimaciones de la OIM, basadas únicamente en testimonios de supervivientes que no incluyen las muertes en naufragios invisibles (sin testigos y sin cadáveres), fueron de 1.255 muertes en 2021. Con los datos registrados por Missing Migrants en 2022, la agencia de Naciones Unidas establece la ruta canaria como la más peligrosa del mundo: uno de cada cinco muertos o desaparecidos contabilizados por la OIM perece en el Atlántico rumbo a Canarias.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

Aunque la mentira se vista de pacto…

Durante los últimos años el número de personas desplazadas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y a buscar refugio en un tercer país ha crecido de forma significativa. Según los datos de ACNUR, más de 82 millones de personas en el mundo han salido de su país o se han convertido en desplazadas forzosas. Igualmente, hay un número muy importante de personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y a migrar como consecuencia de la lucha por la supervivencia en el acceso a recursos cada vez más escasos en escenarios de desigualdades globales crecientes. Esto nos debe obligar a reconocer la falta de autonomía y a confirmar el carácter forzado del desplazamiento actual, como regla general. 

Frente a esta situación, las políticas migratorias europeas llevan varios lustros respondiendo de manera contraria a los principios y valores que están en el propio origen del proyecto europeo. La experiencia de aplicación de las políticas migratorias y de asilo europeas evidencian claramente que son un dispositivo institucional de no-respeto de derechos, expresado de forma casi paradigmática en el rechazo sistemático a garantizar el derecho de asilo y protección internacional. Y España es uno de los países europeos que con más dureza lleva impidiendo el ejercicio de este derecho, denegándolo a 19 de cada 20 personas que solicitan protección. España solo acepta el 5% de las solitudes de asilo resueltas, muy lejos de la media europea del 33% y aún más de países como Grecia (55%) o Alemania (44%).

La mirada profundamente discriminatoria con que la Unión Europea aplica su propia legislación se ha puesto en evidencia en marzo de 2022 con la activación -por primera vez y solo para el caso de Ucrania- de la Directiva 2001/55 de protección temporal, que nunca se activó en otros casos de refugiados por conflictos armados, que es para lo que se estableció hace más de veinte años.

La política migratoria de la UE constituye una violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, que mantiene a millones de personas sin derechos en el territorio europeo. Esto es así porque la llamada ‘política migratoria’ europea es, en realidad, una política comunitaria de control de fronteras (con origen en el acuerdo de Schengen), exclusivamente securitaria y policial, preocupada exclusivamente por el control y la contención de las personas fuera de las fronteras europeas. No en vano, son los departamentos de justicia y asuntos interiores los únicos encargados en los estados miembros, de gobernar los asuntos migratorios.

El mal llamado Pacto Europeo de Migración y Asilo, de 23 de septiembre de 2020, es realmente una propuesta de dos mentiras porque ni es un pacto, ni es de migración ni asilo. No es un pacto porque no es vinculante ni representa acuerdos entre Estados. Es una propuesta de la Comisión rendida a los postulados del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovenia, firmes defensores de posturas anti-inmigración), que no reconoce la necesidad de un sistema europeo de migración y asilo, sino de control de fronteras. Tampoco es de migración y asilo, porque en materia migratoria, tanto la Comisión como gran la mayoría de los estados miembros no tienen interés en una política común de inmigración y asilo, sino en externalizar en terceros países la contención de los desplazados y en abrir procesos de retorno inmediato sin garantizar que las solicitudes de asilo se estudien de manera individual y con las debidas garantías jurídicas (que es la base del derecho del asilo). 

El pacto promueve y aboga por la creación de centros de retención forzosa en las fronteras europeas, como los existentes en Estados Unidos o Australia. Algo que, de hecho, ya son los campos de refugiados de Grecia, los CETI de Melilla y Ceuta y los macrocentros de Canarias. 

Nombrar las cosas de manera diferente para que lo ilegal, injusto e inhumano parezca aceptable y legítimo, es básicamente lo hace establece el pacto: así, por ejemplo, cuando habla de nuevo mecanismo de solidaridad lo que en realidad se establece es que los estados miembros no estarán obligados a ser solidarios ni serán sancionados si incumplen el pacto. 

Se dice que hay que abandonar el Reglamento de Dublín porque ha fracasado, pero ese fracaso sólo se explica por el incumplimiento sistemático del mismo y por mucho que el pacto le cambie el nombre, la situación no ha cambiado, ni parece que vaya a cambiar.

Solo se presta atención en ese pacto a las entradas irregulares, desatendiendo el paquete de medidas más importante en cualquier política migratoria, que son las entradas regulares y seguras.

Todos los errores y fracasos previos de la UE en materia migratoria se intentan resolver renombrando conceptos que no han funcionado, sin buscar alternativas que, de verdad, sean eficientes y eficaces. Lo que sí parece claro, es que este pacto creará nuevos espacios de vulneración de derechos, en lugar de protegerlos y reforzarlos. Algo que el gobierno de España ha venido haciendo sistemáticamente en Canarias, desde el verano de 2020 justo a partir de la firma del pacto, con la creación de macrocentros llamados de ‘acogida’ que son -en realidad- lugares de retención forzosa donde se dispensa un trato inhumano y degradante[i] a varios miles de personas migrantes allí internadas, y a quienes se les impide salir de estas ‘islas jaula’; tal como ha sido denunciado por numerosas entidades de derechos humanos, incluyendo el Defensor del PuebloCEARAmnistía InternacionalIrídia y Médicos del Mundo.

Se trata, en definitiva, de una propuesta enfocada de manera exclusiva en la irregularidad, por más que se utilice eufemísticamente en los discursos públicos la retórica de asegurar migraciones legales, ordenadas y seguras. Este pacto europeo no plantea vías seguras y legales; y mucho menos aborda el debate de la integración sociolaboral y política de los millones de personas migradas que llevan décadas viviendo en Europa. El pacto es papel mojado porque nació muerto, carece de audacia y solo refleja políticas anticuadas que han demostrado reiteradamente no ser solución de ningún problema en las fronteras ni en el interior del territorio europeo.

La activación de la Directiva europea de protección temporal, en marzo de 2022 con motivo de la guerra en Ucrania, demuestra que se puede garantizar el derecho al asilo y que se pueden gestionar de manera coordinada en Europa los flujos migratorios. Ha sido la falta de voluntad política la única causa de los estrepitosos fracasos de 2015 (por la irresponsable e inmoral inoperancia de la UE en el caso de los refugiados sirios) y de 2021 (en el caso de los afganos a quienes la UE sigue sin garantizar el derecho de asilo -salvo en los contados casos de personas evacuadas de Kabul al inicio del gobierno talibán- y de la crisis vivida en la frontera de Polonia y Bielorrusia -con el trato inhumano dado a las personas migrantes a quienes se utilizó como arma de guerra-). 

Este uso de las migraciones como arma política en las fronteras exteriores de la UE es consecuencia directa de la externalización de fronteras a terceros países (Marruecos, Libia, Turquía, etc.) pues el objetivo real de la política migratoria no es gestionar de manera legal, ordenada y segura la migración; ni gestionar la integración sociolaboral y política de quienes habitan en territorio europeo: el único objetivo es el control y la contención a cualquier precio (mediante elevados pagos con dinero público para que la violación, tortura y muerte de las personas migrantes se realice en terceros países, fuera de la UE), incluyendo la violación institucional de derechos fundamentales.

La voluntad política para garantizar la protección temporal, ahora y solo para el caso ucraniano, muestra el doble rasero del estándar de la UE al aplicar la directiva con profundo sesgo racista. Y es que mientras en la frontera oriental con Ucrania se implementa de forma inédita una política que garantiza el derecho de asilo y protección internacional, en la frontera sur[ii] se implementa una brutal política de contención, que utiliza la agresión y la violencia de manera sistemática, contra todas las personas que la cruzan o intentan cruzar (incluyendo niños y bebés). Violación sistemática de todos los derechos en la frontera sur y garantía del derecho de asilo y protección internacional sólo en la frontera europea oriental ucraniana.

Los países europeos llevan impidiendo de manera notable la integración efectiva de refugiados en suelo europeo desde hace tres décadas, y de forma especialmente inhumana, injusta, ilegal e ineficaz en los últimos años: Desde que en 2014 el número de solicitantes de asilo llegando a Europa aumentó rápidamente, la UE y sus Estados miembros centraron sus gastos en la seguridad fronteriza con el objetivo de mantener el número de solicitantes de asilo lo más bajo posible. El presupuesto de la Agencia de la Guardia Costera y de Fronteras de Europa (Frontex), pasó de 142 millones de euros en 2015 a 543 millones en 2021. Asimismo, el Fondo de Seguridad Interior, que financia las actividades de gestión fronteriza de los Estados miembros, se refuerza continuamente. La financiación europea para la integración no tiene comparación con estos presupuestos y los gobiernos han sido poco innovadores en la generación de estrategias para una inclusión efectiva. Los millares de devoluciones ilegales de refugiados en Grecia ejecutadas por Frontex hacia Turquía, ilustran bien en qué consiste la práctica de la política europea de migración y asilo: violación sistemática y estructural de los derechos de las personas refugiadas.

Los países de la UE militarizan sus fronteras para evitar que lleguen solicitantes de asilo, vulnerando así los derechos fundamentales de quienes huyen de sus países. El derecho de asilo es un derecho humano fundamental que se está diluyendo y deteriorando progresiva y aceleradamente en Europa. La intensa erosión del derecho de asilo está siendo posible porque los Estados han modificado con sus discursos y políticas migratorias cada vez más restrictivas y represivas, la percepción de quienes necesitan protección internacional: así, en lugar de definirse y construirse como personas necesitadas de protección por parte de Estados democráticos y de derecho, en los últimos lustros los diferentes gobiernos europeos y la propia Comisión han modificado drásticamente esta definición/construcción de las personas refugiadas (mediante discursos públicos y la aplicación de políticas securitarias, policiales y de control cada vez más restrictivas de derechos), creando la idea de que una persona refugiada es una amenaza para la seguridad. Por más que la evidencia científica y los datos demuestren que esto es falso, la realidad es que los discursos y políticas públicas tienen -por su enorme influencia social y capacidad performativa- esta posibilidad de deconstrucción y creación de realidad. En virtud de este cambio intencionado en la construcción de la percepción de las personas necesitadas de protección, hemos pasado en Europa de la solidaridad y el apoyo que despertaba de manera general la existencia de personas refugiadas, a la hostilidad y el rechazo mayoritario en los últimos lustros. Olvidándose del derecho de asilo y de la responsabilidad de examinar individualmente y con las debidas garantías procesales las solicitudes de asilo, los gobiernos europeos han construido un imaginario que convierte a las personas refugiadas en amenaza, ante las que sólo cabe blindar fronteras y pagar para que el matonaje y la barbarie más violenta contra quienes huyen de la pobreza, la muerte, la tortura, o la desigualdad, se ejerza en terceros países en los que el respeto por los derechos humanos no es, precisamente, seña de identidad. Pagamos, en definitiva, para que otros hagan lo que en Europa serían delitos de lesa humanidad. 

Esta espiral securitaria tiene graves consecuencias al desconfigurar el sistema de protección internacional que debe darse a las personas que huyen de manera forzada, vulnerando sus derechos más básicos y reforzando una narrativa propia de la extrema derecha que criminaliza a las víctimas (y de paso victimiza los verdugos). Con ello, se pone en jaque la propia capacidad (y calidad) de respuesta de la Unión Europea en su conjunto. Europa y sus Estados, el optar por la construcción de más muros y vallas, por militarizar las fronteras violando la Convención de Ginebra, sólo ahonda en la deriva iliberal, lo que supone un ataque directo a la línea de flotación del proyecto europeo. La externalización de fronteras, junto con la consideración de ciertos países como ‘países seguros’, son dos mecanismos que vulneran la base del derecho de asilo, que exige el examen individual y con garantías jurídicas de cada solicitud. Las deportaciones exprés sin las debidas garantías procesales, las retenciones e internamientos forzosos, las devoluciones en caliente, sólo son algunas de las muchas violaciones de derechos que el Estado español ejerce contra las personas migrantes y refugiadas.

En este contexto, ¿cabe pensar en una modificación significativa de las posiciones en la política migratoria europea que no venga de la extrema derecha?


[i] Daniel Buraschi y María José Aguilar Idáñez (2021). Las ONG en la reproducción del racismo institucional: análisis de la intervención social en espacios de tránsito fronterizo. En Iker Barbero (ed.), El tránsito de personas migrantes desde la perspectiva de los derechos y la acogida digna(I) (pp. 103-123). Valencia: Tirant lo Blanch. 

[ii] La frontera sur de Europa abarca desde la ruta atlántica canaria hasta la ruta turco-griega pasando por Ceuta y Melilla y el mediterráneo central: la frontera atlántica canaria es reconocida por la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) como la ruta migratoria más mortífera del mundo, desde finales de 2021.


Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

No es cosa de niños

La creciente preocupación por mejorar el sistema educativo puede dar la falsa impresión de que la vida de los niños, jóvenes y adolescentes es mejor y con menos problemas en la actualidad que la que vivimos quienes éramos escolares el siglo pasado.

Algunos de los problemas que vivíamos las niñas, niños y adolescentes en las escuelas hace medio siglo, como el castigo físico o el desprecio público en el aula por parte de los maestros, es cierto que casi han desaparecido. Pero no es menos cierto, que otros nuevos problemas con más graves consecuencias si cabe, han ido surgiendo y van en aumento.

El acoso escolar, también conocido como bullying (por su nombre en inglés), es un ejercicio de violencia que se produce y reproduce en los centros educativos de primaria y secundaria, cada vez con mayor frecuencia. UNICEF, a partir de todos los estudios que ha realizado, sabe que el porcentaje de niños que sufren acoso escolar en todo el mundo es muy elevado. Uno de cada tres, es víctima de acoso escolar. 

Un tercio de nuestros niños y adolescentes, sufren este daño de manera temporal o permanente. El hostigamiento reiterado, las amenazas, la intimidación, la manipulación y las agresiones verbales y físicas que se producen entre semejantes, no pueden seguir siendo ignoradas bajo la excusa de que siempre ha existido maltrato entre la población infantil y juvenil. 

No darle importancia a este grave problema, ya sea por parte de docentes o de padres y madres (generalmente de los menores agresores), lo que produce es mayor sufrimiento entre las víctimas.

Cuando un niño o adolescente es acosado y agredido de manera verbal o física comienza a mostrar una serie de comportamientos que deberían alertar a las personas adultas (especialmente en los centros escolares y las familias) como no querer ir al colegio o al instituto, bajo rendimiento escolar, síntomas de depresión, baja autoestima y, en no pocos casos, deseos de atentar contra su vida.

El acoso escolar (cuyo día internacional nos lo recuerda hoy) no puede seguir siendo visto como “cosas de niños”. Porque cuando un niño es víctima de maltrato, no se hace más fuerte sino más frágil y vulnerable. Y si, en lugar de protegerlo, las personas adultas, especialmente docentes, le quitan importancia y minimizan el problema, ese niño o niña crecerá inseguro y le costará muchísimo tener una vida sana para relacionarse con otras personas, en el trabajo o a la hora de formar una familia. 

El acoso escolar no es cosa de niños. Es un problema que afecta gravemente al menos a un tercio de nuestros niños y adolescentes. Y sólo los adultos de centros escolares y las familias pueden y deben atajarlo hasta su total eliminación.

Mirar para otro lado, no involucrase, restar importancia a los síntomas, permanecer indiferentes frente al acoso escolar, no es otra cosa que ser cómplices del mismo y únicos responsables de esta violencia, que en no pocos casos ha terminado con la vida de las víctimas.

Y aunque no guste a mis colegas, hoy también quiero aportar algo de autocrítica desde el trabajo social y sólo referida al contexto español. Porque el estudio del acoso escolar y el desarrollo de propuestas de intervención socioeducativa para prevenirlo y atajarlo suele formar parte del currículo del grado en educación social y su abordaje suele ser objeto de numerosos TFG, pero no ocurre lo mismo en el caso de la formación de trabajo social.

Una rápida búsqueda en internet sobre acoso escolar y trabajo social, comparada con otra sobre acoso escolar y educación social, ilustra la escasa presencia de este creciente y grave problema social en la formación de trabajadores/as sociales. Tampoco los colegios profesionales suelen ofertar formación en este tema. 

Por ello, resulta cuanto menos sorprendente pretender posicionarse como la figura profesional más idónea (per se) para desempeñar las tareas encomendadas a la nueva figura en centros educativos responsable de abordar y prevenir la violencia contra la infancia en centros escolares.

Sin duda el trabajo social tiene competencia profesional para ejercer esta labor, pero convendría tomarse más en serio la necesaria adaptación y adecuación de la formación profesional de grado y postgrado, a fin de asegurar un conocimiento específico y unas habilidades y destrezas de intervención profesional en este ámbito de prevención y tratamiento social de la violencia en centros escolares y contextos de intervención socioeducativa. Así como también debería intensificarse la producción científica desde el trabajo social en este terreno.

Formación + investigación + difusión, es en lo que deberíamos centrar nuestros mayores esfuerzos para que el papel y función central del trabajo social frente al acoso escolar, no parezca una simple cuestión de reivindicación corporativa en un contexto de competitividad entre profesiones que comparten nichos y campos laborales, sino un merecido y reconocido lugar de ejercicio profesional, derivado de nuestro conocimientos y competencias avanzadas para su eficaz abordaje.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , | 3 comentarios

Trabajar para ser pobre: compulsión autoritaria al empleo desde los servicios sociales (y el trabajo social)

En España el 13% de los trabajadores son pobres. Son 2,5 millones de trabajadores que ingresan menos de 8.400 euros anuales. Estamos hablando de trabajar remuneradamente y no conseguir tener una vida digna. Sólo Grecia y Rumanía están por detrás de España, y en el conjunto de Europa un 9,5% de los trabajadores son pobres. 

¿Acaso es que no hay suficiente trabajo? Pues no, porque en el año 2020, el de confinamiento por la pandemia, se realizaron en España 320 millones de horas extra. La mitad ni siquiera fueron pagadas y hubieran permitido crear hasta 180.000 puestos de trabajo extra. Los trabajadores dejaron de ingresar 2.500 millones de euros y la Seguridad Social, dejó de ingresar 750 millones.

No sería por tanto una escasez de horas de trabajo sino una cuestión de fraude: El 70% de la evasión fiscal en España se concentra en grandes empresas y fortunas. Sin embargo, menos del 20% de los técnicos de Hacienda persigue a estas empresas. Y es que casi un 85% de la plantilla investiga el fraude correspondiente a autónomos y pymes (el 28% del fraude). Mientras en Europa hay una media de 10,3 técnicos de Hacienda por cada 10.000 habitantes, en España tenemos menos de la mitad: 5.

El Gobierno de España, mientras tanto, sigue denegando el Ingreso Mínimo Vital a 3 de cada 4 solicitantes. Dos años después de anunciar su puesta en marcha, este ingreso se supervivencia apenas ha llegado al 46% de los destinatarios anunciados para recibirlo en 2020. O sea, el IMV solo está llegando al 12% de la población que vive en España por debajo del umbral de la pobreza. La palmaria impericia del Gobierno, con el ministro de Albacete a la cabeza (Escrivá, el responsable de Seguridad Social), muestra el fracaso de esta “vacuna social” contra la pobreza, que realmente constituye un infierno burocrático.

Como dice Julen Bollain, «resulta miserable que haya gente que defienda que una persona se embolse 8.000 euros al mes sin moverse del sofá, por el mero hecho de haber heredado 10 pisos, pero llame paguita a una renta básica de 700 euros al mes para que nadie muera de hambre».

Acabamos de saber que el 10% más rico de la población mundial actual posee el 76% de la riqueza. Mientras que el 50% de la población más pobre, tan solo posee el 2%. Son los datos del Informe mundial de desigualdad de 2022

Y nuestras políticas públicas fiscales, económicas y sociales no parecen contribuir a revertir esta desigualdad, sino más bien a reforzarla. 

REFORZANDO LA POBREZA DESDE LOS SERVICIOS DE “BIENESTAR”

Y los servicios sociales no son ajenos a este refuerzo de la desigualdad y la intensificación de la pobreza. Tampoco las personas que ejercen su actividad profesional en este sub(mini-cuasi)sistema de protección social.

El individualismo liberal injusto sigue siendo la lógica que anima el trabajo social profesional normativo en la actualidad. El sentimiento de que escapar de la pobreza es responsabilidad de un individuo permanece como un tema recurrente de los servicios sociales contemporáneos. 

Los itinerarios individuales de inserción sociolaboral, que son condición habitual para acceder a los recursos, por escasos y miserables que estos sean, son otro ejemplo muy extendido en los servicios sociales. Y es la principal condición compulsiva asociada a la percepción del fallido Ingreso Mínimo Vital.

Desde sus inicios, la intervención en el mundo social se sustenta en el supuesto de que las clases dominantes tienen mejor idea de lo que necesitan los pobres. Los pobres lo son por su propia culpa y seguir las instrucciones de la clase dominante es su salida a la pobreza. Puede parecer estereotipado, pero esta economía moral del trabajo social, que funciona activamente exaltando a unos y denigrando a otros, radica en una aceptación de sentido común de la gran desigualdad y la opresión normalizada en el día a día.

Los innumerables cambios que el trabajo social ha venido experimentando en el último siglo para adaptarse a las crisis (especialmente en los último 60 años) han estimulado y promovido un estilo autoritario de trabajo social, en la primera línea de atención y aplicación de las políticas, convirtiéndose en un instrumento de nuevos métodos de control social de la población empobrecida, vulnerabilizada, marginada, relegada o en desventaja. Es decir, oprimida desde múltiples ejes y sistemas de dominación, incluyendo los propios servicios sociales como dispositivos de opresión. Las adaptaciones a las crisis nos han ido llevando al aumento del autoritarismo, la desigualdad, la injusticia y la exclusión.

A medida que las prestaciones y servicios se reducen y racionan cada vez más, las trabajadoras sociales filtramos a los solicitantes, asesorando u orientando hacia apoyos cada vez más caritativos y estigmatizados socialmente. La senda recorrida en las seis últimas décadas es cada vez más lamentable y nos aleja cada vez más de la igualdad democrática y la justicia social. Porque a medida que los ingresos y la seguridad en el empleo han ido cayendo, los Estados han aumentado el carácter condicional de las prestaciones para exigir a los perceptores que se sometan a una detallada preparación para el trabajo. Al mismo tiempo, a medida que se obliga a los ciudadanos a pagar más tasas y copagos por los servicios, se envía a las trabajadoras sociales a seleccionar a las personas en el acceso a los servicios públicos y a intervenir de forma autoritaria con aquellos a quienes se define como ‘desviados’. Se altera de facto, la función que nos otorga legitimidad social como profesión, desde unas tan bienintencionadas como nefastas decisiones políticas, que nos consideran y prescriben como ‘certificadoras de pobreza’, a la vez que nos obligan a ejercer un rol de control compulsivo en procesos de (ilusoria) inclusión laboral.

Este ‘nuevo gerencialismo’ produce y necesita una ‘policialización’ de los servicios sociales, que nos mantiene atrapados en los aspectos autoritarios del control social, en especial en la compulsión al empleo. Pero el trabajo social, al estar en la “primera línea de fuego”, corre muchos más riesgos que otros profesionales de poner en marcha procesos de asesoramiento individual para llevar a los perceptores de prestaciones a la formación o al empleo, aún a sabiendas que no sirve de nada. O de ser utilizados para racionar servicios y derivar a las personas hacia formas de protección inferiores, residuales y de mera subsistencia. 

Joan Manuel Serrat, en una entrevista realizada en Argentina cuando yo vivía allí, respondió explicando que había una gran diferencia entre ser utilizado y ser útil. Pues bien, yo creo que las trabajadoras sociales en España llevamos demasiado tiempo siendo utilizadas, y ya va siendo hora de empezar a ser útiles, no creen?

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , | 11 comentarios

Párkinson: erradicar el estigma garantizando una atención social de calidad

Hoy es el Día Mundial del Párkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo después del alzhéimer. Una enfermedad crónica que afecta al estado físico, social, funcional y emocional, pero de la que existe una imagen social totalmente errónea y estigmatizadora.

En España, la prevalencia entre los mayores de 65 años se sitúa en 1,5%, pero es una enfermedad que afecta cada vez más a personas jóvenes: 1 de cada 5 diagnósticos de párkinson se da a personas menores de 50 años. Otro mito social erróneo es el que lo asocia a los temblores: un tercio de las personas afectadas nunca desarrollan temblor.

En España se estima que hay más de 160.000 las familias que conviven con el párkinson. Tiene una prevalencia que afecta a un 0,3% de la población general, a un 2% de mayores de 60 años y es superior al 4% en mayores de 80. La incidencia es de 8-18 por cada 100.000 personas al año. En España se diagnostican 10.000 nuevos casos cada año. 

Todos debemos eliminar la percepción social estigmatizada que existe sobre la enfermedad, por ello bajo el lema #LaOtraCaraDelParkinson, la campaña de este año pretende cambiar la percepción y los estereotipos sobre esta enfermedad, mostrando la realidad de personas muy diversas que viven y conviven con esta afección. Personas jóvenes, personas que trabajan y que tienen hijos. Porque el párkinson es una enfermedad mucho más compleja de lo que la errónea imagen existente nos muestra. Una imagen que está basada en estereotipos y prejuicios que solo generan estigma social.

A través de la campaña de este año, el colectivo pretende hacer consciente a la sociedad sobre la necesidad de cambiar la imagen social que existe de la enfermedad de párkinson. La idea que nos aparece tras una búsqueda rápida en internet es equivocada y no refleja la realidad de las personas afectadas. Hay tantos párkinson como personas afectadas, y esto hace que el perfil sea muy variado. Es por ello necesario dar a conocer estos perfiles y sensibilizar así sobre el impacto de la enfermedad en la persona. 

Entre todas podemos cambiar la imagen que existe de la enfermedad, promoviendo una imagen más humana y acertada. Una imagen que se corresponda con la realidad. Por eso este año la reivindicación principal es combatir el desconocimiento de la enfermedad. Lo que implica cambiar nuestra mirada y también exigir el registro de datos reales sobre el número de personas afectadas, su perfil sociodemográfico, así como la evolución y respuesta a los tratamientos. Es importante evaluar el seguimiento de la enfermedad en las personas, y de este modo, mejorar la calidad asistencial que recibe este colectivo. Y es que, en España, no hay registro actualizado de datos que informe sobre la realidad actual de las personas con párkinson en nuestro país. El último estudio realizado en España se publicó en 2008.

La enfermedad de párkinson puede tener un inicio poco específico, con malestar general, cansancio rápido, cambios sutiles de la personalidad, dolor, síntomas urinarios, anormalidades del sueño, pérdida del olfato, y alteraciones afectivas como depresión y ansiedad. Sin embargo, ninguno de estos síntomas es capaz de predecir, con buena exactitud, la aparición de enfermedad en el futuro. Por eso, como algunas personas con párkinson nos explican aquí, muchas veces la enfermedad se diagnostica tarde.

El párkinson en las mujeres

La investigación acerca de cómo afecta el párkinson a las mujeres es tan escasa que se desconoce la relación entre la enfermedad y el embarazo o la menstruación, por ejemplo. Las mujeres pasan por una serie de fases y ciclos a lo largo de los meses que generan diversos cambios en su estado de salud físico, mental y emocional. Aunque no hay suficiente evidencia científica que informe con claridad del efecto de la menstruación o menopausia en la enfermedad de párkinson, los cambios que ambas situaciones generan en el cuerpo pueden agravar o alterar la sintomatología. Dado que el embarazo genera multitud de cambios hormonales, físicos y emocionales, entre otros; los síntomas del párkinson se pueden ver alterados. Las mujeres tienen necesidades específicas que requieren de una atención especial, como la menstruación, el embarazo, la lactancia o la menopausia. Sin embargo, hay una clara falta de investigación sobre la relación entre estos aspectos y el párkinson.

Las personas cuidadoras

La mayoría de las personas con párkinson reside en domicilios particulares y reciben cuidados de sus familiares. Según un estudio publicado en 2013, el 90% de las personas requerirá algún tipo de cuidado personal en el transcurso de su enfermedad y el 66% los recibe de familiares que viven en el mismo hogar. A un 5% se los proporciona personal empleado interno y, a un 35%, personas ajenas al hogar.

La elevada dependencia que puede producir el párkinson en las personas afectadas, que crece progresivamente conforme avanza la enfermedad, hace que los costes por pérdida de productividad de las personas cuidadoras, generalmente familiares en edad laboral, sean importantes, estando cifrados entre 343 y 532 millones anuales en España (según datos de 2007). 

La encuesta europea de cuidadores/as de párkinson, realizada en 2019 por la EPDA, muestra que el 80,5% de las personas cuidadoras son mujeres y que el 68,3% cuidaba de un hombre con párkinson. Sólo el 33,2% comparten las tareas de cuidado con otra persona, siendo mayor el porcentaje cuanto más tiempo haya pasado desde el diagnóstico de la persona con párkinson. El apoyo de familia y amigos/as en los cuidados tiene mucho impacto en las personas cuidadoras. La media de horas de cuidados es de 9 horas/día en personas diagnosticadas hace más de 10 años, y de 6 horas/día en aquellas diagnosticados hace menos de 4 años. La media general de 7,6 horas/día. El 53,9% padece estrés y el 48,8% sufre ansiedad, agobio y tienen miedo a no ser capaces de cuidar de su familiar con párkinson en el futuro. El 70% de las personas cuidadoras conviven con sus propias patologías crónicas, siendo los problemas de espalda los más comunes (35%), seguidos de hipertensión arterial (22%) y artritis (17%). El 68,5% de las personas cuidadoras tienen dificultades económicas. En concreto, relacionadas con una mayor necesidad de planificación y gestión financiera (23,5%) y el coste de los tratamientos (23,4%). 

Las demandas urgentes

Desde el colectivo párkinson España reclaman la necesidad inminente de disponer de datos actualizados, sobre el impacto de la enfermedad, así como el número y perfil de la persona afectada. 

En España carecemos de un registro de personas con la enfermedad de párkinson que arroje datos exactos sobre el número de personas afectadas, las estimaciones varían desde las 86.000 hasta las 300.000. 

Esto se añade al déficit claro en la investigación social, y una baja producción científica en materia sociosanitaria, centrada la mayor parte en los síntomas motores de la enfermedad. 

Desconocemos el número total de mujeres con párkinson en España, el número de personas afectadas con menos de 40 años o la cifra de personas afectadas que residen en el medio rural. Desconocemos cuántas y cómo son las personas con párkinson de nuestro país en la actualidad.

Esta enfermedad sigue siendo una gran desconocida y, por ello, es necesario la obtención de datos reales sobre el número de personas afectadas, el perfil sociodemográfico, así como la evolución y respuesta a los tratamientos. Es importante evaluar el seguimiento de la enfermedad en las personas, y de este modo, mejorar la calidad asistencial que recibe este colectivo. 

Todo ello permitiría conocer si los recursos sociosanitarios existentes en la actualidad son capaces de dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas por la enfermedad en nuestro país y de si se adecúan a sus características individuales como la edad, género, fase de la enfermedad o ámbito geográfico. 

Estos datos garantizarían el acceso de las personas con párkinson a derechos de protección social, y fomentarían la aplicación de políticas públicas centradas, de verdad, en la persona. Contar con datos fiables sobre la enfermedad permitiría mejorar las actuales políticas sanitarias y sociales, y dotar de presupuesto suficiente para cubrir los costes de la atención sociosanitaria integral que precisan las personas con párkinson.

Importancia de la atención social de buena calidad

El párkinson es una enfermedad neurológica compleja y progresiva que afecta la vida diaria y reduce la satisfacción con la vida. Para mantener una satisfacción vital alta, las personas con párkinson deben pasar por un proceso de cambio para adaptarse a la nueva situación. La investigación más reciente muestra que la pertenencia social es la principal preocupación en ese proceso de cambio, y que los profesionales de la salud deben utilizar enfoques interdisciplinares para apoyar a las personas con párkinson para que sus procesos de cambio sean exitosos para mantener la pertenencia social y la satisfacción vital.

Por eso, la pandemia ha tenido efectos mucho más graves en las personas con párkinson que en la población general, ya que el aislamiento social es un factor de riesgo y empeoramiento de los resultados de salud y la mortalidad. Una reciente investigación en USA enfatiza la necesidad de mantener a las personas con párkinson socialmente conectadas y prevenir la soledad en momentos de distanciamiento social. Explorando el uso proactivo de modalidades virtuales para grupos de apoyo y prescripción social.

Hay un desequilibrio en el reconocimiento de los síntomas de la enfermedad de párkinson, ya que se identifican con precisión los síntomas motores y cognitivos, pero no así los cambios emocionales y comunicativos que pueden causar importantes alteraciones en el funcionamiento social. Estos incluyen problemas para producir expresiones faciales emocionales (enmascaramiento facial) y habla emocional (disartria), así como dificultades para reconocer las señales emocionales verbales y no verbales de los demás. Estos síntomas sociales del párkinson pueden tener consecuencias sociales negativas graves, como el estigma, la deshumanización y la soledad que pueden afectar la calidad de vida en mayor medida que los síntomas motores o cognitivos más reconocidos. Por lo tanto, es imperativo que investigadores y personal sanitario tomen conciencia de estos posibles síntomas sociales y sus efectos negativos, con el fin de investigar y manejar adecuadamente los aspectos socioemocionales de la enfermedad de párkinson.

El estudio realizado en UK evidencia que maximizar la calidad de la atención social para las personas con párkinson, de forma integrada con la atención médica, mejora su salud y bienestar. Los beneficios a largo o corto plazo pueden prevenir efectos adversos como infecciones, deterioro de los síntomas y deterioro de la salud mental. Una atención social de calidad también muestra el estudio que puede reducir los costos de la atención sanitaria, ya que los profesionales pueden jugar un papel decisivo en la detección precoz y la señalización y prescripción de la atención social profesional. 

En España, debemos impulsar y exigir una práctica profesional especializada en Trabajo Social Neurológico, como garantía de esa atención social de calidad que las personas con enfermedades neurológicas (entre ellas el párkinson) tienen derecho a recibir para asegurar su salud y bienestar.

Puedes descargar esta guía directamente aquí

Para saber más:

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

¿Dejaremos de ser racistas?

Ayer fue el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Una buena ocasión para reflexionar sobre el racismo que ejercemos en España, que va más allá del prejuicio o del discurso del odio de la extrema derecha.

El racismo más violento e ignominioso es el racismo institucional, que reproducen y alimentan nuestras instituciones.

Nuestro racismo patrio no es algo anecdótico o aislado, sino estructural. Basta con observar el trato tan diferente que damos a las personas refugiadas, dependiendo de la guerra de la que huyan, o de la nacionalidad de su pasaporte. Si su pasaporte es ucraniano, se les trata como a seres humanos: con acogía rápida y procedimientos exprés, empatía mediática y social, y solidaridad. Pero si el pasaporte es otro y la guerra de la que huyen no es la de Ucrania, aún  cuando las bombas que matan a sus hijos sean de fabricación española, entonces no les tratamos como seres humanos, sino de forma violenta y deshumanizada: baste observar lo que hacemos con las llegadas a nuestras fronteras del sur, lo que hacemos en los Centros de Internamiento forzoso de Extranjeros, las redadas policiales por perfil racial, las deportaciones ilegales, las trabas burocráticas y la exclusión de los servicios públicos.

Una conducta es racista si tiene efectos discriminatorios, directos o indirectos, en personas de grupos étnicos o raciales dominados

Unas políticas que deshumanizan e intentan mostrarnos como amenaza a ciertos grupos de personas, que alimentan el resentimiento hacia unos y solo reconocen la humanidad a otros son políticas racistas que, además, legitiman el racismo desde el Estado, que debería combatirlo.

España no ha atendido a ninguna de las 257 recomendaciones que nos ha hecho Naciones Unidas, ni a las que nos ha hecho la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. 

De hecho, hace un año, 124 países aprobaron en la Asamblea General de Naciones Unidas un llamamiento mundial contra el racismo y la intolerancia, y España no votó a favor.

La pregunta relevante hoy no es preguntarnos si somos racistas, que lo somos, sino si estamos dispuestos de una vez a dejar de serlo.

RACISMO EN LAS POLÍTICAS SOCIALES…

Las políticas sociales no son ajenas al racismo institucional, pues ya sea forma directa o indirecta, producen discriminación cuando no exclusión. Los efectos discriminatorios de la política educativa; el empleo; el racismo y la xenofobia normalizados en el mercado inmobiliario español con la consecuente segregación residencial que provoca; la exclusión sanitaria de personas migrantes en situación irregular, así como de quienes están en situación regular en virtud de procesos de reagrupación familiar y que permanecen excluidas del sistema nacional de salud; la discriminación en el acceso a prestaciones económicas básicas de subsistencia; las prácticas discriminatorias burorrepresivas derivadas del régimen jurídico de extranjería y su aplicación en diversos servicios públicos; son solo algunos ejemplos de racismo institucional en las políticas públicas y sociales. 

…Y EN PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

El prejuicio, el etnocentrismo y el racismo institucional se ejerce también desde no pocos programas, proyectos y servicios que teóricamente pretenden lograr la integración social. Los prejuicios y/o el etnocentrismo de los profesionales de la sanidad, la educación, los servicios sociales, los servicios de empleo, vivienda, seguridad social y algunas ONG, son expresiones de racismo institucional que pueden derivar en prácticas profesionales con efectos discriminatorios (directos o indirectos, sutiles o manifiestos), independientemente de que los servicios y programas lo sean también.

En otros casos, son los propios programas y servicios, por su enfoque paternalista, victimista o salvacionista, los que generan racismo institucional, ya sea porque invisibilizan, estigmatizan, segregan, discriminan o explotan a las personas migrantes; quienes, de ordinario, nunca son protagonistas ni tienen voz en tales programas de integración.

Por todo esto, hoy es más pertinente que nunca reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas profesionales y sociales; y autoexigir(nos) una intervención social antirracista.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

Brechas que no cierran y sangran cada vez más

El martes celebramos el día internacional de las luchas de las mujeres y en España, estas luchas son, desde hace unos años, menos invisibles. Esta circunstancia hace que gran parte de la población tienda a pensar que las brechas de género se van reduciendo. Pero eso es totalmente falso: las brechas de género no solo no se están reduciendo, sino que han aumentado durante la pandemia.

Como ya analicé mi post anterior, numerosos estudios sobre el impacto de la pandemia en nuestra sociedad alertan sobre el aumento de las desigualdades, que se agravan especialmente en el caso de las mujeres.

La semana pasada la organización ClosinGap, especializada en el estudio de las brechas de género y cómo estas impactan en la economía española, publicó los resultados del II Índice ClosinGap. Un informe realizado junto con PwC que, por cierto, no es nada sospechosa de revolucionaria. Ese índice mide la posición de la mujer en España con respecto al hombre en cinco categorías: empleo, educación, conciliación, salud y bienestar, y digitalización. Mide 28 variables como las horas trabajadas, la precariedad en el empleo, el abandono escolar, el tiempo de ocio, la salud percibida o el uso diario de internet, entre otras muchas.

Pues bien, si al ritmo que íbamos en 2020 la distancia que nos separaba de una situación igualitaria era de 34 años; hoy necesitaríamos 36 años para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Retrocedemos, en lugar de avanzar. Así de claro. A este paso, la igualdad no se alcanzaría hasta 2058.

Y es que, a pesar de que el teletrabajo prometía facilitar las labores de conciliación en los peores momentos de la pandemia, el número de mujeres con tasas de parcialidad por razones de conciliación ha aumentado en mucha mayor medida que en el caso de los hombres. La involución se constata en las cinco categorías incluidas en el índice, pero el retroceso en conciliación es la brecha que más de agranda. En educación, digitalización y salud y bienestar, la situación está estancada o es peor que en 2016.

El informe termina calculando lo que nos cuesta, como sociedad, el mantenimiento de esta brecha de género, que hace la vida de las mujeres sea un 37% peor que la de los hombres. El PIB español crecería 213.000 millones de euros si se cerrasen las brechas en la tasa de actividad, de empleo, en las horas trabajadas y en la distribución del empleo sectorial. Es decir, nuestro PIB aumentaría un 19% con respecto al año 2020.

Brechas que abre el Estado y que sangran desde las políticas públicas

Aunque pueda parecer que todas las brechas de género son consecuencia del sistema patricarcal y que desde las políticas públicas se intentan cerrar todas ellas, la realidad es que algunas de esas brechas han sido abiertas y generadas desde el Estado; a través de sus políticas públicas, como es el caso de la Seguridad Social y de otras políticas de empleo (despido y salario).

En España existe más de medio millón de mujeres empleadas de hogar, a las que no se aplica la legislación laboral común ni todo lo que de ella se deriva: no tienen derecho a cotizar por desempleo y pueden ser despedidas sin causa alguna, a diferencia del resto de trabajadores por cuenta ajena. Para más de medio millón de mujeres trabajadoras, la excepción es la regla, siendo objeto de una discriminación institucional sistemática.

Esta discriminación por razón de género acaba de ser reconocida en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que vuelve a sacar los colores al gobierno (autodenominado más progresista de la historia). Esta sentencia ha determinado que la normativa española que niega el acceso a las prestaciones por desempleo a las empleadas de hogar es contraria al derecho de la Unión Europea.

Y es que el nuestro es un país con numerosas normas discriminatorias, directas y sobre todo indirectas, que deberían haber sido depuradas desde hace mucho tiempo. 

Una de esas normas discriminatorias, es la que niega la protección por desempleo a las trabajadoras del hogar, que el alto tribunal entiende que contraviene el derecho europeo al constituir una discriminación indirecta por razón de género, al perjudicar a un colectivo formado casi exclusivamente por mujeres.

España está obligada, como ya ocurrió en 2019 -cuando el mismo tribunal apreció discriminación en el cálculo de las pensiones de jubilación de quienes trabajaban a tiempo parcial-, a adecuar la normativa. En esa ocasión el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucional esa norma y el Gobierno se vio obligado a cambiarla. Esta vez, sería deseable que la norma se modifique sin más demora, por el sufrimiento y la desprotección que la actual normativa discriminatoria genera a más de medio millón de mujeres.

Es hora de recordar al gobierno de España, y particularmente al Ministro de Seguridad Social, que el Acuerdo de coalición de hace dos años entre PSOE y Unidas Podemos, en su apartado 1.11, dice textualmente lo siguiente: “culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el Régimen de Seguridad Social a las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos”. Esto, lo que significa es la plena equiparación de derechos de las empleadas de hogar al resto de trabajadoras por cuenta ajena y, concretamente, igualdad en el acceso a la prestación por desempleo.

La excepcionalidad del decreto (RD Ley 11/2020) que en la pandemia aprobó tres meses de subsidio de paro extraordinario para las empleadas de hogar (y al que muy pocas pudieron acceder en la práctica) no se aprovechó -como hubiera sido necesario- para eliminar la discriminación que el Estado ejerce contra las mujeres empleadas de hogar. 

Ahora, con la sentencia del Tribunal Europeo, el gobierno deberá actuar tarde, vergonzosamente y obligado por las circunstancias, en lugar de hacerlo en cumplimiento de su propio acuerdo de gobierno.

Brechas menos visibles, pero igualmente sangrantes: la brecha de género en el medio rural

La brecha de género también se intensifica en el mundo rural: mayor precariedad laboral y más agudizada en el medio rural para las mujeres, infrarrepresentación en la toma de decisiones y peor conciliación (mayor desequilibrio que en medio urbano). 

El más reciente estudio (realizado en 2022 por CaixaBank y Afi) señala que la precariedad laboral de la mujer se acentúa en el medio rural: la tasa de temporalidad es del 60,9% (frente al 52,0% de los hombres rurales) y la tasa de parcialidad se sitúa en el 13,9% (frente al 5,3% de los hombres rurales). 

España ocupa las posiciones de cola en Europa en cuanto a inclusión del talento femenino en el mercado laboral rural: es el quinto país con la tasa de actividad rural femenina más baja (73,0%); el tercero con la tasa de empleo rural femenino más reducida (64,0%); y el segundo con mayor tasa de paro femenino rural (12,9%). 

En comparación con el hombre rural, las mujeres rurales dedican 2 horas y 7 minutos más al día al hogar y la familia. Esta desigual dedicación genera un coste de oportunidad para la economía de más de 38.500 millones de euros, es decir, el equivalente al 3,1% del PIB de 2019. 

De los 1,6 millones de personas empleadas en explotaciones agrarias, el 65,4% son hombres y hay aproximadamente tres hombres que son titulares-jefe de la explotación por cada mujer en la misma posición. Y esta brecha de género en el ámbito rural, se produce a pesar de que el nivel educativo de las mujeres rurales es más elevado que el de los hombres. El estudio desvela que el porcentaje de mujeres del ámbito rural con alto nivel educativo (22,8%) es superior al de los hombres del mismo entorno (15,6%). Aun así, observando el comportamiento de las personas ocupadas en el sector agrícola, destaca cómo las mujeres desempeñan en mayor medida ocupaciones más básicas que los hombres y ocupan, en menor medida, puestos de dirección pese a que los hombres tienden a realizar tareas para las que no están suficientemente cualificados (el porcentaje de infracualificación de los hombres rurales es mayor que el de las mujeres: 39,6% frente a 35,6%).

Sin ser la panacea, el teletrabajo tiene potencial para revertir la despoblación del medio rural, ya que el eventual retorno en modalidad de teletrabajo de las personas que migraron a zonas urbanas, especialmente mujeres, supondría un importante impacto económico positivo.

Brechas menos visibles, pero igualmente sangrantes: la brecha de género en la discapacidad

En España, las mujeres con discapacidad se enfrentan a la doble desigualdad de género y discapacidad. En el mercado laboral, las mujeres con y sin discapacidad cuentan con más frecuencia con contratos menos estables, aunque son las mujeres con discapacidad las que presentan una tasa de temporalidad y parcialidad más intensas (29,6% y 24,3%, respectivamente). Ellas hacen frente a mayores obstáculos a la hora de destinar las rentas del trabajo al consumo.

El informe de la ONCE de 2021, que analiza el empleo y el consumo, identifica al menos dos grandes brechas de género en la discapacidad. Y concluye que las desigualdades en la participación en el mercado laboralvienen determinadas por la discapacidad, mientras que las de temporalidad y parcialidad son una cuestión de género. Asimismo, las brechas salariales están más condicionadas por el género que por la discapacidad.

Los efectos de esta doble desigualdad de género y discapacidad sobre la economía española determina que una mayor inclusión impulsaría la economía del país en casi un 1,5% del PIB. Si todos los colectivos igualasen su ganancia anual a la de los hombres sin discapacidad, el impacto potencial de cerrar la brecha salarial por discapacidad y por género equivaldría al 4,4% del PIB de 2019.

A la vista de estos datos, la pretendida igualdad de género nos va a llevar medio siglo conseguirla, si seguimos este paso. 

Y, por último, no olvidemos que las guerras agudizan y acrecientan todas las desigualdades de género.

No olvidemos que las guerras agudizan y acrecientas todas las desigualdades de género
Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , | 1 Comentario

Cartografías de la «demolición» social

Una constante de todas las encuestas españolas que analizan la percepción social que la población tiene de la desigualdad, evidencia que la ciudadanía no es consciente de la magnitud del problema, y tampoco de su agravamiento acelerado. Generalmente, la gente piensa que quienes viven en situación de pobreza extrema son un porcentaje de población mucho menor del que realmente existe. La pobreza es, por tanto, invisible para la opinión pública. No la vemos. Pero es que tampoco la miramos.

Recientemente se han presentado y publicado en acceso libre, cuatro informes de gran envergadura, que resultan demoledores porque evidencian que la pobreza y la privación material severa, lejos de reducirse, siguen aumentando en España, donde estamos a la cola de Europa.

El informe de desigualdad de Oxfam

Oxfam Intermón advirtió hace un año, en su informe anual de desigualdad con motivo del Foro de Davos, que 790.000 personas habrían caído en la pobreza severa en España con motivo de la Covid-19. El total de personas en esta situación, que son las que viven con menos del equivalente a 16 euros al día, podría alcanzar la cifra de 5,1 millones de personas, lo que supone un aumento desde el 9,2% registrado antes de la pandemia hasta el 10,86%. Las personas más pobres en nuestro país habrían perdido, proporcionalmente, hasta siete veces más renta que las más ricas. A nivel mundial, las mil mayores fortunas ya se han recuperado, mientras que a las personas más pobres les llevará una década hacerlo. Su informe también destaca que los ERTE habrían evitado que más de 710.000 personas caigan en la pobreza y pide más políticas públicas contra la desigualdad. Otros datos inéditos que el informe aporta son los siguientes:

  • La tasa de pobreza relativa en España pasaría del 20,7% hasta el 22,9%, lo que supone un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, estimada en 24 euros al día, hasta alcanzar los 10,9 millones de personas durante el 2020.
  • El decil de personas más pobres en nuestro país perdería, proporcionalmente, hasta siete veces más renta que el decil más rico.
  • Los ERTE pueden haber evitado que más de 710.000 personas hayan caído en la pobreza. La medida ha sido esencial para limitar el incremento de la pobreza y la desigualdad, con una reducción estimada de 1,17 puntos en el índice de desigualdad de Gini.
  • El IMV tan sólo ha llegado, según el gobierno, a 160.000 de los 850.000 hogares previstos. De haberse implementado en su totalidad durante el segundo semestre del año, Oxfam Intermón estima que el IMV habría salvado de la pobreza a 277.000 personas y reducido la pobreza severa en 230.000 personas. El índice de Gini se habría reducido en 0,5 puntos.
  • El informe destaca que, por comunidades autónomas, Baleares sería la más afectada (hasta un 19,6% más de personas en pobreza relativa) seguida por La Rioja y Navarra. En números absolutos, el mayor incremento de personas por debajo de la línea de pobreza relativa se produce en Andalucía, con más de 270 mil personas, seguido por la Comunidad de Madrid y Cataluña.
  • El índice de pobreza entre la población migrante alcanzaría el 57%, frente al 22,9% de media del total de la población. En situación especialmente vulnerable quedan las 300.000 personas trabajadoras en situación administrativa irregular, cuyos empleos se concentran en sectores particularmente afectados por los cierres de actividad y que quedan totalmente desprotegidos de las medidas tomadas por el gobierno.

En España, el desempleo provocado por la pandemia es el principal generador de desigualdad y pobreza, debido a la caída de ingresos de los trabajadores y trabajadoras más precarios. Los sectores sometidos al cierre durante el año 2020 mantienen un salario anual que, de media, supone un 60% del salario mediano en España, mientras que aquellos sectores que han podido teletrabajar durante los cierres mantienen unos salarios un 140% superior al salario mediano.

Personas migrantes, jóvenes y mujeres son los colectivos más afectados por la desigualdad que ha provocado la pandemia, según Oxfam. Entre las personas jóvenes, esta desigualdad en los ingresos salariales aumentó 1,6 veces por encima del promedio, mientras que la tasa de desempleo llega al 55% entre las personas menores de 20 años. Las mujeres, por su parte, constituyen el 57% de todas las personas subempleadas y el 73% de las que trabajan a tiempo parcial. El incremento del desempleo también se dobla en los niveles educativos inferiores.

El informe sobre pobreza en España, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN)

El dato más importante del informe sobre El estado de la pobreza en España, 2021, es el enorme incremento de la Privación Material Severa que se incrementa desde el 4,7 % hasta el 7 % en un año, lo que significa que en España hay 3,3 millones de personas que no pueden afrontar cuatro o más conceptos, ítems o elementos de consumo, de un total de nueve considerados básicos en el territorio europeo. También se incrementa el porcentaje de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 7,8 % al 10 % de la población, es decir, 4,7 millones de personas; la tasa AROPE, desde el 25,3 % hasta el 26,4 %, y el riesgo de pobreza, que se incrementa tres décimas, hasta alcanzar el 21 % de la población española. En términos absolutos, implica que unas 620.000 nuevas personas están en riesgo de pobreza o exclusión social este último año.

La completa radiografía social del informe 2022 de Cáritas-Foessa

Este reciente y completísimo informe sobre evolución de la cohesión social en España y las consecuencias de la Covid-19, alerta de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la Covid-19. Los datos más destacados de un informe (cuyas 42 páginas de conclusiones habría que leer) son los siguientes:

  • La precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares.
  • Un tercio de los hogares con todos los miembros en paro (600 mil familias) carecen de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad.
  • La pandemia ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI.
  • 1,8 millones de hogares (casi la mitad de los que están en exclusión social) sufren el apagón digital, lo que significa que viven la brecha digital de manera cotidiana.
  • La pandemia ha aumentado la brecha de género: la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer.
  • La diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento registrado durante la crisis de 2008.
  • Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa.
  • La exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares españoles.
  • Tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado.
  • Las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este del país, junto con Canarias.

Teniendo en cuenta de que la principal fuente de ingresos de los hogares españoles son las rentas del trabajo, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar aún más la desigualdad. En términos de renta, el informe elaborado a partir de una encuesta a más de 7.000 hogares, revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 por ciento, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.
Uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social.
La brecha digital destapa un nuevo factor de exclusión: la desconexión digital como nuevo analfabetismo del siglo XXI. La pandemia también ha aumentado la brecha de género. Ser joven es ya un factor de exclusión en sí mismo. Y la población migrante, sigue resultando la más perjudicada por la crisis en varios frentes.

El análisis comparativo con la UE-27 en perspectiva de empleo

Por último, también nos ayuda a cartografíar la pobreza y la exclusión social en España, en comparación con los 27 países de la Unión Europea, el capítulo cuarto del Informe España 2021, publicado por la Universidad de Comillas y la Fundación Ramón Areces, donde se analiza la pobreza y la exclusión en la pandemia desde la perspectiva del empleo. Entre las principales conclusiones del estudio, se confirma que los jóvenes y las personas desempleadas han sido especialmente perjudicadas por la pandemia, también las mujeres. La gravedad de las circunstancias hace que el riesgo de que la pandemia amplíe las desigualdades ente los grupos socioeconómicos de un mismo país y entre los distintos países sea muy elevado. Con respecto a la pérdida de empleo se constata un incremento de cinco puntos en el porcentaje de desempleados, pasando del 5% al 10% en el conjunto de países. La situación financiera entre los meses de abril y junio se constata que ha empeorado para uno de cada tres hogares en el conjunto de la UE-27. Otro de los problemas sociales que se agrava en el contexto de la pandemia es el de la vivienda. España está entre los países de la UE en los que un mayor porcentaje de personas temen tener que abandonar su domicilio. Se observa un claro descenso de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos sólo durante el estado de alarma. En España solo el 4,8% de los entrevistados está de acuerdo con que sea “fácil” obtener ayuda o apoyo de los servicios públicos con las medidas tomadas a raíz de la pandemia. Somos el peor país en este aspecto de la UE-27. Por eso, el porcentaje de hogares que en el mes de julio había solicitado o recibido ayuda de alguna ONG u organización benéfica es más alto en España que en la media de la UE-27.

La pobreza se intensifica. El desempleo aumenta durante la pandemia junto con la precarización laboral. Lo mismo que la brecha digital y la brecha de género. España, en el contexto europeo, tiene el triste honor de encabezar las mayores cifras de desempleo, de hogares bajo el umbral de la pobreza, de feminización e infantilización de la pobreza. Estas situaciones, estando extendidas entre la población española, afectan mucho más significativamente a hogares integrados por personas migrantes (más aún si son mujeres solas con hijos a cargo), especialmente afectados pro la precariedad laboral generalizada, así como por los bajos salarios en la economía informal.

¿Qué hacer?

Para detener este proceso de auténtica demolición social, habría que dar al menos cinco pasos: 

Una reducción radical de la desigualdad, para poder valorar lo verdaderamente importante, no solo conseguir aumentar el PIB; 

Reconocer la importancia de los cuidados y los sistemas (formales e informales) de bienestar social: salud, vivienda, educación, seguridad alimentaria, rentas mínimas, etc.; 

Mejorar las condiciones de trabajo y las retribuciones salariales de los empleos peor pagados, reduciendo la desigualdad salarial entre categorías profesionales o sectores de actividad, de manera que se logre un mayor reconocimiento para quienes trabajan en salud, educación, el mundo rural, etc., lo que requiere un mayor compromiso de responsabilidad social en las empresas y una gestión más solidaria de los beneficios empresariales y de los accionistas, que permita establecer una garantía de ingresos suficientes para todos los trabajadores;

Conseguir que los ricos paguen más impuestos en lugar de seguir tolerando los paraísos fiscales, las exenciones tributarias y los privilegios fiscales con los que, de forma legal, los más ricos pagan en impuestos apenas un 1% de sus ingresos totales; y, por último,

Llevar a cabo una actuación mucho más contundente y enérgica frente al cambio climático y el calentamiento global, que eviten el desastre tantas veces anunciado.

Y por lo que respecta la agencia política en la intervención social, las reflexiones y propuestas que hoy nos ofrece Fernando Fantova en su blog, me parecen absolutamente pertinentes, por lo que recomiendo su lectura aquí.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , | 2 comentarios

Dos años de creciente desigualdad

En la comunidad autónoma donde vivo la desigualdad ha aumentado más de un 37% durante la pandemia y las rentas más bajas, no sólo no han aumentado, sino que se han reducido un 36% en los dos últimos años. En Castilla- La Mancha, más de la mitad de los hogares tienen problemas económicos y 480.000 personas sufren exclusión social: una de cada cuatro personas están en situación de clara desventaja y casi 10.000 están en una situación crítica.

Y lo peor y más grave es que el grupo de personas más frágiles es el que más aumenta: hoy son un 37% más las personas que se encuentran en exclusión severa, son 232.000 personas.

Las 10.000 personas expulsadas del sistema no cuentan con elementos compensadores que eviten el aumento de nuevas problemáticas, por lo que su ya crítica situación se agravará todavía más.

Además de estas terribles e inhumanas desigualdades de ingresos y capacidades materiales de las familias, otras brechas como la digital, agregan nuevas desigualdades que afectan a una cuarta parte de los hogares de Castilla-La Mancha, y a la mitad de quienes ya viven en exclusión.

El género, la nacionalidad extranjera y la edad, son otras tres brechas de desigualdad que se suman a las anteriores. 

Y a pesar de las cifras positivas de empleo, lo cierto es que las condiciones del empleo han empeorado para las trabajadoras más pobres. Son 71.000 hogares, un 9% de la población castellanomanchega, los que viven en situación de precariedad a pesar de tener empleo.

Más de 132.000 hogares (un 17% de la población) no puede acceder a los medicamentos ni tratamientos médicos que necesitan por problemas económicos. Y más de 83.000 familias, una vez pagado el alquiler o la hipoteca se quedan en pobreza severa.

Y las políticas públicas siguen siendo tan miopes como insuficientes en nuestra región: el Ingreso Mínimo Vital solo llega a una de cada 10 personas en pobreza severa. Y las familias con algún problema grave de salud mental, han aumentado un 40% en estos dos últimos años.

Estos datos los acaba de hacer públicos la Fundación Foessa de Caritas española, y deberían hacer que a nuestro gobierno regional se le cayera la cara de vergüenza.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

Memoria y justicia: #TarajalNoOlvidamos #StopBalasGoma

Hoy se cumplen ocho años del crimen de Estado en el que la intervención de la Guardia Civil acabó con la vida de al menos 14 personas que trataban de llegar a nado a Ceuta, en la playa del Tarajal. 

Ayer se hizo, como cada año ininterrumpidamente, la IX Marcha por la Dignidad, que desde el 6 de febrero de 2014 nos recuerda este crimen de Estado.

En el informe Stop Balas de Goma, elaborado por el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia y por el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta Novact, se recoge y documenta que la Guardia Civil lanzó más de 100 balas de goma contra personas que estaban nadando intentado llegar a la orilla, una vez que habían cruzado la frontera, estando en aguas españolas.

Debemos dar las gracias a la @marchatarajal por mantener viva la memoria y la justicia, año tras año. Por Yves, Samba, Dauda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Oumarou, Blaise, y por otra persona cuyo nombre todavía hoy se desconoce. Las Marchas por la Dignidad son un acto colectivo de recuerdo a todas las personas que murieron aquel día y de todas aquellas que siguen muriendo y sufriendo la cruenta realidad de las fronteras que las necropolíticas migratorias europeas producen. Es un acto de denuncia ante las devoluciones en caliente, las devoluciones exprés y la vulneración sistemática y permanente de Derechos Humanos en la Frontera Sur española. Es un acto que representa los valores de la justicia, la libertad y la solidaridad.

Se ha archivado la investigación, pero hemos de seguir luchando por la memoria y por la justicia.

Como parte de ese proceso es clave lograr la prohibición de las balas de goma, que han mutilado a 40 personas en nuestro país mientras se manifestaban en el ejercicio de su derecho. El potencial lesivo de las balas de goma y su carácter incontrolable e indiscriminado, junto a su falta de trazabilidad pone en grave riesgo el ejercicio de derechos fundamentales y la integridad física de la ciudadanía.

Ver vídeo

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , | Deja un comentario