¿La educación social como garante de los derechos de la ciudadanía?

carnavaldeblogs_castAcepto el reto de escribir este post, sin apenas tiempo y “de un tirón”, porque desde CEESC han querido que nos sumemos a este “carnaval” algunas profesionales de disciplinas afines y cercanas a la educación social. En mi caso, desde el Trabajo Social. Gracias, en primer lugar, por esta invitación a la reflexión.

He puesto entre signos de interrogación el título (y tema global del carnaval) porque -como decía Paulo Freire-, mucho más interesante que dar respuestas, es formular preguntas.

Para responder a la pregunta que da título a esta breve reflexión, es preciso aclarar primero ¿qué entendemos por ciudadanía? O, mejor, ¿qué significa ser ciudadano/a?.

 Según el Consejo de Europa, ciudadano/a es cualquier “persona titular de derechos y obligaciones en una sociedad democrática”. Es decir, la ciudadanía nos remite necesariamente a un contexto político. Y si la ciudadanía -como indica Marshall-, es el estatus que se concede a los miembros de una comunidad política, cualquier exclusión de la ciudadanía significa una disminución de derechos. Parece obvio, entonces, que no puede haber ciudadanía PLENA sin el reconocimiento (y su consecuente posibilidad de ejercicio) de TODOS los derechos (humanos, sociales, económicos, civiles y culturales). Dicho en otras palabras: el no reconocimiento, o la limitación en el ejercicio, de algún derecho, significa una devaluación-eliminación del estatuto de ciudadana/o.

En una sociedad democrática, y sobre todo si esa sociedad se configura políticamente como un Estado Social de Derecho (que es lo que pone –al menos por escrito- en la Constitución Española actual), ¿se pueden exigir unos deberes como ciudadano y una integración social plena a quien no tiene los derechos básicos reconocidos?

La integración social pasa por una integración política plena y unos mínimos niveles de integración socio-económica. Por lo tanto, la premisa fundamental para la integración social de cualquier persona (incluidas todas las personas migrantes) ha de basarse en su reconocimiento como ciudadano, con derechos y deberes, y no en su identidad. Como tan acertadamente ha señalado Javier de Lucas, el reconocimiento de derechos es una condición previa y necesaria (aunque no suficiente) para que haya una política y una realidad social de integración. La integración es un proceso enormemente complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociológicos, políticos, económicos y culturales. Pero sin el reconocimiento previo de derechos y su posibilidad de ejercicio, solo cabe hablar de políticas de integración parcial. Integrar es, primeramente, equiparar en derechos, y todo lo que sean reformas legislativas que recortan derechos de las personas (inmigradas o con cualquier diversidad funcional, etaria, de género, etc.) son actuaciones en contra de su integración social. Hay que procurar, por tanto, una amplia equiparación de derechos desde el principio: los derechos son condición previa, jamás deben concebirse como un resultado final a modo de premio por el “buen comportamiento” o la superación de una carrera de obstáculos vitales.

Teniendo en cuenta la reflexiones previas, cabe preguntarse ahora lo siguiente: ¿puede una profesión social –como la educación social, por ejemplo- no ser garante de los derechos de ciudadanía?

 En mi opinión, cualquier profesión de ayuda (ya sea la educación social, el trabajo social, la psicología, la pedagogía, el magisterio, etc.), sólo puede alcanzar sus bienes intrínsecos, y por tanto ser útil para la sociedad, cumpliendo una función social positiva para el desarrollo de la misma. Y esto sólo es posible si las personas que ejercemos dichas profesiones ayudamos a los demás a alcanzar el máximo de sus potencialidades y a lograr su pleno desarrollo personal y social; lo que implica remover y luchar contra los obstáculos que muchas veces impiden o dificultan dicho desarrollo potencial.

Así pues, yo formularía la pregunta inicial al revés para todas las profesiones de ayuda, pero hoy especialmente para las y los educadores/as sociales: ¿puede la Educación Social no ser garante de los derechos de ciudadanía? Obviamente no. Y si alguien que no trabaje activamente por ese reconocimiento y ese ejercicio pleno de tales derechos, llama a su quehacer profesional como “educación social”, debe saber que no merece reconocimiento alguno, ni por parte del cuerpo profesional, ni por parte del resto de la sociedad. Y más valdría que se dedicara a otro menester.

¡Feliz Día Mundial de la Educación Social, y felicidades a tod@s mis estudiantes del grado de Educación Social en la UCLM, por haber elegido esta profesión tan apasionante!

edusocday

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Acerca de mjaguilarid

Trabajadora social, animadora sociocultural y doctora en sociología y ciencias políticas; soy desde hace más de veinte años Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. He trabajado como consultora, formadora e investigadora en más de veinte países americanos y europeos, en el ámbito de la intervención con grupos, el desarrollo comunitario en contextos multiculturales, y la planificación, gestión y evaluación de programas y servicios sociales. He sido responsable de la organización técnica de departamentos de servicios sociales en administraciones públicas de varios países en procesos de descentralización. Autora de más de un centenar de aportaciones científicas de impacto, he diseñado y dirijo el Máster on-line en Inmigración e Interculturalidad, y soy Directora del Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía de la UCLM (GIEMIC). En este grupo, lidero las líneas de investigación-acción sobre metodologías participativas de intervención social, análisis crítico de modelos implícitos en la práctica profesional, y desarrollo de competencias interculturales en el trabajo social. Creadora y responsable del Laboratorio de Sociología Visual, he realizado también varias películas documentales. Actualmente estoy desarrollando, desde una perspectiva empática de los actores sociales, nuevos enfoques interdisciplinares para el conocimiento de las migraciones y la intervención social emancipatoria en contextos de diversidad cultural, y estoy creando aplicaciones metodológicas y técnicas innovadoras. Una de mis mayores preocupaciones desde hace décadas es difundir el conocimiento científico sobre todas estas cuestiones de forma que sea accesible a todo tipo de personas, como forma de contribuir a la generación de discursos sociales basados en la evidencia y no en el prejuicio; y como forma de contribuir al desarrollo de procesos de empoderamiento y defensa activa de las minorías y colectivos sociales en situación de sub-alteridad. En este aspecto, mi trabajo científico siempre se realiza desde un enfoque derechos y en perspectiva de género. Desde hace varios años soy evaluadora externa en ciencias sociales de las dos agencias españolas responsables de la investigación científica competitiva y de la docencia y acreditación universitaria.
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