POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN TIEMPO DE CRISIS

Llevamos viviendo en crisis 50 años: Desde que los gobiernos hicieron suyas las teorías de hacienda pública y políticas públicas que aparecieron en Estados Unidos y Reino Unido en los años 60’ y 70’, las mismas que el FMI y el Banco Mundial convirtieron en ortodoxia en los 80’ y 90’, y que son las que nos llevado al lío en el que estamos metidos.

Los gobiernos sin ideas navegan hacia el abismo y nos llevan a la autodestrucción, al intentar dos políticas contradictorias entre sí: recortar el gasto público (cosa que logran con evidente eficacia para sus intereses privados) y aumentar la recaudación fiscal (cosa en la que fracasan estrepitosamente porque no quieren ni hacer cosquillas a los ricos y poderosos, de los que son instrumento útil).

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La política social y el trabajo social llevan adaptándose durante estos 50 años a la crisis de manera notable. Y esas adaptaciones nos están llevando a un aumento del autoritarismo, la desigualdad, la injusticia y la exclusión bajo formas de austeridad (aunque más correcto sería hablar de austericidio), pero bien podrían llevarnos también hacia transformaciones que nos lleven a recuperar la democracia y la prosperidad sostenible. Siempre que seamos inteligentes y no nos dejemos llevar por la corriente, claro está.

En España solemos copiar malamente las políticas sociales y de trabajo social de países anglosajones, y es aquí donde reside uno de los mayores riesgos de deriva autoritaria, antidemocrática y excluyente. En Reino Unido, Alemania y los países escandinavos, por ejemplo, los estados han decidido imponer condiciones de disponibilidad al trabajo para acceder a prestaciones, mediante la creación de sistemas para verificar la disposición a aceptar empleos por mal pagados, precarios, breves o parciales que sean, y exigiéndoles formarse y prepararse para el trabajo, y participar en experiencias de trabajo por banales que estas fueren. Estos programas los gestionan funcionarios y también empresas. Pero este tipo de dispositivos se han mostrado muy ineficaces, muy ineficientes y no justifican el gasto que suponen (Jordan, 2011; OCDE, 2011), aparte de que violan los principios básicos de ciudadanía democrática, sobre todo cuando se combinan con sanciones contra los perceptores por comportamientos que nada tienen que ver, ni se relacionan, con la percepción de las prestaciones (como ha ocurrido en Reino Unido, entre otros lugares).

Estos cambios estimulan y promueven un estilo autoritario de trabajo social, en la primera línea de atención y aplicación de las políticas, convirtiéndose en un instrumento de nuevos métodos de control social de la población marginada o en desventaja. A medida que las prestaciones y servicios se reducen y racionan cada vez más, los trabajadores sociales filtran a los solicitantes, asesorando u orientando hacia apoyos cada vez más caritativos y estigmatizados socialmente.

“Desde el punto de vista histórico, ni el trabajo social ni la política social pueden reivindicar ninguna pureza ética. Ambos han servido a fines políticos dudosos y utilizado métodos que combinaban principios admirables y rechazables. El trabajo social ha servido a regímenes reaccionarios y opresivos (Lorenz, 1994), de un modo no muy diferente de cómo lo ha hecho la protección y la provisión sociales; piénsese en Bismarck, por ejemplo. Hasta la tradición socialdemócrata, a la que se adscriben la mayoría de los académicos de la política social, tiene sus esqueletos en el armario, como la esterilización forzosa de personas con discapacidad intelectual en los países nórdicos. De hecho, la imposición de condiciones de trabajo estrictas en las prestaciones por desempleo formaron parte de esta tradición mucho antes de que se incorporaran al repertorio de los gobiernos neoliberales y neoconservadores en Estados Unidos en los años ochenta” (Jordan, 2011).

El futuro del trabajo social y de la política social está en el aire como resultado de la evolución de la economía política en los países ricos, que ha llevado a muy altos niveles de deuda en los hogares en proporción del PIB, que es una situación inestable per se. La crisis de las hipotecas sub-prime ha obligado a los estados a hacerse cargo de esa deuda, pero éstos han optado por salvar a los intermediarios financieros en lugar de apoyar directamente a las familias. Algunos economistas señalan que sería mucho más efectivo dar el créditos directamente a los ciudadanos en vez de dejar que lo absorban los bancos zombis (Standing, 2010).

Es en la palestra de estas alternativas donde se juegan las decisiones que determinarán la dirección de las políticas públicas. La mayoría de nuestros políticos están comprometidos con el salvamento del sector financiero, aceptando (y facilitando) la reducción del nivel de vida de la mayoría de las personas, la disminución de las expectativas, mayores impuestos para las clases medias y trabajadores, recortes progresivos de gasto público, más desempleo y mayor presión sobre los perceptores de prestaciones para que acepten cualquier trabajo mal pagado, ocasional y tareas de muy poca cualificación de utilidad pública.

La cuestión es si los indignados que protestamos en Grecia, España, Portugal, Wall Street, y otros lugares somos capaces de formular la exigencia de un programa coherente de redistribución incondicional desde los financieros ricos y los ejecutivos empresariales hacia el grueso de la ciudadanía para permitir una transformación del trabajo.

La senda recorrida en estos últimos 50 años es cada vez más lamentable y nos aleja cada vez más de la igualdad democrática y la justicia social, ya que, a medida que los ingresos y la seguridad en el empleo han ido cayendo, los estados han aumentado el carácter condicional de las prestaciones y las medidas para exigir de los perceptores que se sometan a una detallada preparación para el trabajo. Al mismo tiempo, a medida que se obliga a los ciudadanos a pagar más tasas y copagos por los servicios, se envía a los trabajadores sociales a seleccionar a las personas en el acceso a los servicios públicos y a intervenir de forma autoritaria con aquellos a los que se define como desviados.

Pero todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo si nos fijamos en algunos indicios de esperanza. Por ejemplo, las protestas masivas que ha habido en España desde el movimiento 15M hasta la más reciente marcha de la dignidad del 22M, que demuestran que el lavado de cerebro de la ortodoxia económica no es aceptado por la gente a pesar de que los partidos predominantes la hayan planteado como única opción. El rechazo de la austeridad y de los rescates bancarios es el primer paso de una crítica coherente del modelo dominante de política pública, y las asambleas ciudadanas y círculos de participación política están debatiendo posibles alternativas.

Será necesario asumir que las políticas hasta ahora dominantes han sido pura fantasía: Las políticas de crecimiento de la renta nacional, de la capitalización bursátil y de los niveles de empleo y de ingresos como criterio para juzgar el rendimiento económico no sirven. La aceptación socialdemócrata de esta ortodoxia a condición de que no creciesen las desigualdades de ingresos sólo ha sido posible en condiciones de crecimiento. La expansión de los servicios públicos se ha justificado por el empleo generado y las mejoras en salud, educación y bienestar que han permitido. El problema es que los gobiernos se comportan en la crisis como si se pudiese volver a restaurar el crecimiento, como si el consumo pudiera volver a crecer y como si el pleno empleo volviera a aparecer. Y eso es tan fantasioso como falso, basta fijarse en Grecia, Portugal o España para comprobarlo. Estos objetivos son inalcanzables para los países del sur y no creo que sean viables ecológicamente, ni deseables, en los países del norte rico. Es absurdo pensar en la posibilidad de un crecimiento perpetuo, es absurdo pensar en que cada vez habrá más empleo, y es absurdo pensar que sea posible conciliar la avaricia del sistema financiero con las necesidades de ingresos de la población.

Por eso es tiempo de cambiar nuestro marco institucional público de manera que podamos lograr mayor bienestar para la población sin necesidad de hacer crecer el PIB o el empleo. Es tiempo de centrarse en la redistribución de la renta y de los recursos y en reformas que permitan a los ciudadanos participar en una actividad económica y social para mejorar nuestra calidad de vida individual y colectiva, autodirigida y orientada democráticamente. También deberían reorientarse los objetivos de desarrollo hacia la sostenibilidad ambiental. Es tiempo de reforma del sistema de garantía de ingresos, que debería asegurar la percepción por todos los ciudadanos de la cuantía incondicional máxima que permita los objetivos de bienestar y sostenibilidad, en un viraje radical que trastocaría por completo el panorama político.

Pero también es tiempo de cambiar el modo de organización y provisión de los servicios, que en lugar de estar dominados por grupos profesionales y gerenciales deberían pasar progresivamente a ser responsabilidad de organizaciones locales. La separación entre proveedores y usuarios de servicios debería desaparecer, y las comunidades tendrían que identificar sus necesidades y buscar sus gerentes y profesionales que les ayuden a cubrirlas. Este enfoque de la acción colectiva voluntaria se ve ahora como marginal, y esa visión debería ser cambiada.

Aparte de la crítica a las élites políticas y económicas, debemos buscar formas de autoorganización y cooperación para quienes se han vuelto innecesarios para las necesidades del capital, debemos buscar formas de mejorar las infraestructuras físicas y sociales de las comunidades. Ya se trate de empresas autogestionadas, grupos de apoyo, asociaciones mutualistas o cualquier otra fórmula parecida, su lógica debería ser la sostenibilidad y no el crecimiento. Una nueva ética y una nueva lógica son precisas para hacer posibles estos cambios.

En el trabajo social a lo largo de su historia, que es anterior a la política social, ha habido -y aún hay- muchas culturas y contextos diferentes para su práctica (desde el control social más opresivo a la asistencia para el mantenimiento de la dignidad, desde el conservadurismo a los trabajadores sociales radicales fuera de la práctica oficial). Cada una de estas prácticas tiene su propia relación con el estado de bienestar y la política en general. Pero casi todas ellas, salvo honrosas y escasas excepciones, se han visto atrapadas y afectadas por el modo de gestión pública y de sociedad económico-empresarial. Casi todo el sector voluntario se ha visto inmerso en el proceso de contratación pública para la “prestación de servicios”. Y así, en Reino Unido, los Países Bajos, Alemania o España, por poner algunos ejemplos, estas organizaciones también han sucumbido a la nueva gestión pública al depender de la financiación pública. Por eso es muy difícil para el trabajo social romper con el modo ortodoxo de pensar acerca de la actual crisis.

Lamentablemente no es algo que le ocurra sólo al trabajo social. Otras ciencias sociales, del mismo modo que la política social académica, están en una situación parecida, incluyendo la investigación, ya que su financiación se ha sustentado en criterios y procesos derivados del mismo modelo. Estamos todos en un barco que se hunde a gran velocidad y nos está resultando muy difícil romper con la estructura de pensamiento empresarial.

Estamos atrapados en los aspectos autoritarios del control social, en especial en la compulsión al empleo, pero los trabajadores sociales, al estar en la “primera línea de fuego” corremos mucho más riesgos que otros profesionales de poner en marcha procesos de asesoramiento individual para llevar a los perceptores de prestaciones a la formación o al empleo (aún a sabiendas que no sirve de nada), o seremos utilizados para racionar servicios y derivar a las personas hacia formas de protección inferiores, residuales y de mera subsistencia.

Si nos atrevemos a recorrer un camino diferente al establecido por la ortodoxia dominante, aún sin tener muchas certidumbres, otras posibilidades se abrirán para el trabajo social y la política social. Si en lugar de ver el sector público como un lugar para crear empleo y para utilizar los servicios sociales como modo de mantener los ingresos en los hogares, trabajamos para que sean los propios ciudadanos quienes planifiquen y organicen los servicios sociales que necesiten, pasaremos a ser sus asesores o expertos en determinados campos, en lugar de controlarlos en función de las demandas de la élite política y económica.

Seguramente muchos de mis colegas verán estas propuestas con inquietud e incertidumbre, no lo dudo. Pero creo que es tiempo de abandonar la ambivalencia. Es tiempo de jugar por un futuro diferente, en lugar de dejar que otros lo jueguen por nosotros. Quizás debamos abandonar la comodidad de ciertos planeamientos profesionales que nos han garantizado la seguridad profesional en el pasado, pero que no sirven para responder a los retos del presente.

No es tiempo de resignación sino de cambio.

¿Dónde estaremos los trabajadores sociales en este tiempo de desafíos?

safe_image  Marcha-Dignidad-Nafarroa-28

Jordan, B. (2011). La reforma de las políticas sociales y sus implicaciones para la intervención social. Conferencia inaugural del III Congreso Anual de la REPS. 24 de noviembre de 2011. Pamplona: UPNA. [VÍDEO] Disponible en: https://upnatv.unavarra.es/unes/bill-jordan

Lorenz, W. (1994). Social Work in a Changing Europe. London: Routledge.

OCDE (2011). Labour Market Statistics, Average Duration of Unemployment. Paris: OCDE.

Standing, G. (2010). Work after Globalisation: Building Occupational Citizenship. Cheltenham: Edward Elgar.

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Acerca de mjaguilarid

Trabajadora social, animadora sociocultural y doctora en sociología y ciencias políticas; soy desde hace más de veinte años Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. He trabajado como consultora, formadora e investigadora en más de veinte países americanos y europeos, en el ámbito de la intervención con grupos, el desarrollo comunitario en contextos multiculturales, y la planificación, gestión y evaluación de programas y servicios sociales. He sido responsable de la organización técnica de departamentos de servicios sociales en administraciones públicas de varios países en procesos de descentralización. Autora de más de un centenar de aportaciones científicas de impacto, he diseñado y dirijo el Máster on-line en Inmigración e Interculturalidad, y soy Directora del Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía de la UCLM (GIEMIC). En este grupo, lidero las líneas de investigación-acción sobre metodologías participativas de intervención social, análisis crítico de modelos implícitos en la práctica profesional, y desarrollo de competencias interculturales en el trabajo social. Creadora y responsable del Laboratorio de Sociología Visual, he realizado también varias películas documentales. Actualmente estoy desarrollando, desde una perspectiva empática de los actores sociales, nuevos enfoques interdisciplinares para el conocimiento de las migraciones y la intervención social emancipatoria en contextos de diversidad cultural, y estoy creando aplicaciones metodológicas y técnicas innovadoras. Una de mis mayores preocupaciones desde hace décadas es difundir el conocimiento científico sobre todas estas cuestiones de forma que sea accesible a todo tipo de personas, como forma de contribuir a la generación de discursos sociales basados en la evidencia y no en el prejuicio; y como forma de contribuir al desarrollo de procesos de empoderamiento y defensa activa de las minorías y colectivos sociales en situación de sub-alteridad. En este aspecto, mi trabajo científico siempre se realiza desde un enfoque derechos y en perspectiva de género. Desde hace varios años soy evaluadora externa en ciencias sociales de las dos agencias españolas responsables de la investigación científica competitiva y de la docencia y acreditación universitaria.
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7 respuestas a POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN TIEMPO DE CRISIS

  1. josemari dijo:

    hola buenas, voy a hacer una critica al trabajo social como tal y a su uso dentro del capitalismo como manera de reformarlo. si no tengo mal entendido el trabajo social se puede dividir en tres corrientes particulares a las que ayudar y una general la marginalidad, me voy a centrar brevemente en los delitos a la propiedad y la reinserción que se pretende hacer con estas personas, la reinsercion no es mas que un efumismo para decir que las personas reinsertadas ya son eslabones eficientes a la sociedad capitalista. respecto al maltrato a las mujeres, se intenta curar la herida pero no aquello que la provoca (en los delitos a la propiedad tambien, la diferencia es que no es solo el capitalismo quien provoca la delincuencia, ya que si sigues los parametros que establece el capitalismo puedes llevar una vida “normal” lo cual no es bueno, en el caso de las mujeres siempre se van a ver victimas del machismo) el patriarcado, por lo tanto es una trabajo que se retroalimenta ya que mientras este sistema siga va a haber personas a las que tratar, el ultimo hambito que son los enfermos psiquiatricos lo voy a dejar sin tratar a pesar de que las mayoria de los problemas que sufren son causa de esta sociedad.

    mientras no se ataque al capitalismo y al patriarcado dos de las grandes ramas que trata el trabajo social seguiran existiendo por lo que no sirve de nada, y lo peor es que cuando se supone que el trabajo social llega a buen puesto con un paciente, significa que vuelve a ser una persona rentable al sistema capitalista, mientras que las personas que desempeñan este trabajo suelen ser unos izquierdistas que le estan haciendo el trabajo sucio al que dicen que es su enemigo.

  2. Belén dijo:

    Gracias por estas propuestas tan esperanzadoras. Tenemos que reconstruirnos en y desde la sociedad.

  3. Completamente de acuerdo contigo, Maria José!

  4. Pingback: 16 de abril de 2014, núm. 146-161 « Andalán.es

  5. No estoy muy seguro que que tus apreciaciones sean válidas para Suecia, donde la legislación laboral difiere mucho a la que tu haces referencia y que asocias también a los países nórdicos sin ejemplos concretos. Yo he vivido casi 50 años en Suecia y he seguido de cerca sobre todo el trabajo para apoyar a los inmigrantes.
    Miguel Benito

    • mjaguilarid dijo:

      La única referencia concreta que hago a los países nórdicos (indicando un hecho cierto y conocido en la historia) es un ejemplo ilustrativo de que la pureza ética no existe en la política social ni en el trabajo social en su historia. Y si pongo un ejemplo de los países nórdicos es porque siempre se han considerado estos países como modelo de bienestar. Imagino que tu comentario se refería a ese ejemplo, ¿no?.
      Un saludo

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